Una declaración de la renta antimonárquica
Prosiguiendo su carrera en dirección inversa a la irrelevancia a la que parece condenado, el Consell per la República presenta una campaña de “objeción fiscal” en contra de la monarquía. "La objeción fiscal es una acción reivindicativa que consiste en mostrar tu rechazo a una institución que va contra tus principios ideológicos para financiar otra cuyos valores compartes. En ningún caso promovemos la evasión fiscal y es por eso que los impuestos objetados los tienes que ingresar en otra institución". Esa otra institución es un, así llamado, “Fondo Republicano de Acción Solidaria” impulsado por el mismo Consell per la República.
Para facilitar la acción al sufrido contribuyente, dan información sobre el procedimiento a seguir al hacer la declaración de la renta y le ofrecen tres opciones en cuanto al importe a detraer. Puede ser en concepto de “Represión Real y Judicial”, cuyo coste por contribuyente valoran en 10 euros al año; en concepto de “Represión Policial”, 290 euros; o en el de “Total represión”, que es la suma de los anteriores, 300 euros. Se puede pues escoger entre una objeción simbólica, la de 10 euros, y una para el auténtico objetor, de 290 ó 300 euros.
Dado que siempre Hacienda acaba saliéndose con la suya, añaden una serie de preguntas y respuestas sobre alternativas y alegaciones. La última no deja lugar a dudas sobre el resultado de la campaña:
"—Si la Agencia Tributaria recupera el dinero y con intereses, ¿no tiene el efecto contrario al que buscamos?" "—Con esta campaña asumes un pequeño riesgo —la sanción que podemos recibir es el embargo de la cantidad de objeción fiscal incrementada con intereses— pero vale la pena".
En España hay 14 artistas encarcelados
Ha causado sensación el informe de Freemuse —una organización internacional independiente que propugna y defiende la libertad de expresión artística, según sus propias palabras— que señala España como el estado con más artistas encarcelados del mundo: 14; por encima de Irán (13), Turquía (9), Birmania (8), Egipto (6), China (5) y Russia (4). Sin embargo no detalla quiénes son esos artistas.
La eurodiputada Diana Riba (ERC) ya ha anunciado que lo denunciará a la Comisión Europea y lamenta que España sea «ejemplo de país que, aprovechando la indefinición de lo que constituye el delito de terrorismo, utiliza esta legislación para perseguir artistas críticos bajo el pretexto de “glorificación del terrorismo”. Añade que "el caso de Valtonyc es un ejemplo clarísimo de estas malas prácticas en España". Desde luego, el concepto de terrorismo, en diferentes países y legislaciones, es discutible y discutido; el de artista, también.
Persiste Laura Borràs
La portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, en una entrevista a la Ser Catalunya y horas antes de la conversación telemática que tenía que mantener con el presidente Sánchez, ha afirmado que es un error pensar que ahora no hay que hablar del proceso. La independencia procede más que nunca porque es un instrumento para tener “las herramientas de estado” que, a su juicio, han permitido que otros países estén solventando la crisis del coronavirus mejor que España.
Con el talante negociador y pactista que la caracteriza, ha querido dejar claro que "no estamos por la reconstrucción nacional española sino por la construcción nacional catalana".
El suplicatorio de Llarena va para largo
El suplicatorio presentado ante el Parlamento europeo por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena para levantar la inmunidad parlamentaria de los eurodiputados Carles Puigdemont, Toni Comín y Clara Ponsatí va para largo, informa el diario Ara. Si de entrada ya no se preveía un proceso breve, la crisi del coronavirus lo alarga aún más. La cámara ha reducido la actividad considerada no esencial y prioriza las iniciativas para afrontar la pandemia.
Por ello los tres eurodiputados de JxCat podrán ejercer con plena inmunidad parlamentaria y sus abogados van a tener más tiempo para preparar un proceso que aspiran a convertir en "un juicio al juicio que se hizo en el Tribunal Supremo". Añade el diario que "se trata de un proceso a puerta cerrada que los europarlamentarios españoles que forman parte de la comisión de asuntos jurídicos —Esteban González Pons, del PP; Ibán García, del PSOE, y Adrián Vázquez, de Ciudadanos— querían mantener en un perfil político bajo para hacer poco ruido. Todo lo contrario que los eurodiputados exiliados".
