El titular del Juzgado de instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano Arnal, tiene en su poder la declaración jurada prestada ante notario por el vigilante de seguridad privada que fue testigo del encuentro entre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, y la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, en el Aeropuerto de Barajas de Madrid.
Según informan a Vozpópuli fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, la versión ofrecida por este trabajador del aeropuerto forma parte de la documentación que tiene que estudiar el magistrado antes de decidir si admite a trámite la causa o si decreta el archivo. En concreto, fue aportada por Vox en el marco de su denuncia, según precisan las mismas fuentes consultadas.
El Juzgado ha agrupado todas las querellas y demandas presentadas por estos hechos para que se investigue la actuación del ministro la noche del 19 al 20 de enero en ese encuentro que fue desvelado por este periódico y que el ministerio trató de ocultar inicialmente. Hay tres iniciativas presentadas, la primera de ellas corresponde al Partido Laócrata y las otras dos al PP y a VOX. Al menos la primera de ellas pide citar a declarar a todo el personal de seguridad que prestaba servicios esa noche en la terminal de vuelos privados de Barajas.
Un relato minucioso
En la citada declaración jurada a la que ha tenido acceso este periódico, el vigilante J.S.M.M. aportaba un relato detallado indicando las horas a las que se produjo la llegada del ministro en plena noche, su acceso a la pista de aterrizaje o que vio cómo se empleaban dos carros de maletas para desembarcar el equipaje de la delegación venezolana. Trabajadores del aeropuerto informan de que para un vuelo de unos 300 pasajeros se suelen emplear entre cuatro y cinco carros aproximadamente.
Delcy Rodríguez tiene la prohibición de la Unión Europea de entrar en el espacio Schengen por haber vulnerado los Derechos Humanos en su país. A pesar de ello, hizo escala en España, bajó del avión y pasó la noche en las instalaciones de la zona VIP acompañada, entre otros, por el asesor de confianza del ministro, Koldo García Izaguirre. Las distintas denuncias y querellas presentadas apuntan a un presunto delito de prevaricación.
Dos jueces aprecian indicios de delito
Al menos dos jueces de instrucción de Madrid aprecian la existencia de indicios de delito en los hechos y así lo han plasmado en sus autos. Primero fue el Juzgado de Instrucción número 7 que accedió -en funciones de guardia- a conservar las imágenes de las cámaras de seguridad a petición del PP. La demanda de los populares recayó después en el Juzgado número 47, que se inhibió en favor del Juzgado 31 también apreciando indicios delictivos.
El vigilante de seguridad privada acudió a un notario para que dejar por escrito de lo que había visto después de que su empresa, Ilunion, le apartase de su puesto y le abriese un expediente por posible infracción muy grave. Se le acusa de permitir el acceso a un periodista días después de la reunión entre Ábalos y Rodríguez a la sala VIP en la que se quedó la mandataria venezolana antes de partir en vuelo regular con destino a Doha.
Por su parte, fuentes del entorno del vigilante explican que su versión es que el periodista no se identificó como tal, sino como un cliente de la empresa de vuelos privados que gestiona la sala VIP. Por estos hechos Ilunion ha terminado sancionando al trabajador con dos meses de empleo y sueldo, según fuentes de la empresa de seguridad.
