Durante dicho periodo de prácticas, los jóvenes participantes en el programa recibirán mensualmente de las empresas una especie de beca de apoyo cuyo importe será, como mínimo, del 80% del Iprem mensual vigente en cada momento (unos 426 euros mensuales con el Iprem actual).
Así lo explica el Gobierno en un Real Decreto publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE) para regular las prácticas no laborales en las empresas. El objetivo de esta medida es ayudar los jóvenes desempleados que, aun teniendo formación académica o formación profesional acreditada, tienen nula o escasa experiencia laboral.
Las empresas interesadas en contar con estos jóvenes tendrán que suscribir previamente un convenio con los servicios públicos de empleo en el que presentarán un programa de prácticas no laborales. Los servicios públicos de empleo se encargarán de la preselección de candidatos, pero serán las empresas las que hagan la selección final.
Estas prácticas no supondrán, en ningún caso, la existencia de una relación laboral entre las empresas y los jóvenes. Al término de las mismas, los participantes en ellas recibirán un certificado y podrán ser contratados por las empresas donde han desarrollado dichas prácticas, pudiendo acogerse el empleador además a los incentivos a la contratación vigentes en el momento.
LOS BENEFICIARIOS
Podrán beneficiarse a estos programas jóvenes desempleados inscritos en las oficinas de empleo de entre 18 y 25 años, inclusive, que tengan una titulación oficial universitaria, titulación de formación profesional, de grado superior o medio, o titulación del mismo nivel que el de esta última, correspondiente a las enseñanzas de formación profesional, artísticas o deportivas, o bien un certificado de profesionalidad.
Los jóvenes que quieran participar en estas prácticas no podrán haber tenido una relación laboral u otro tipo de experiencia profesional superior a tres meses en la misma actividad. Las prácticas se desarrollarán en los centros de trabajo de la empresa o del grupo empresarial bajo la dirección y supervisión de un tutor.
Las empresas tendrán que definir en los acuerdos de prácticas que suscriban con los beneficiarios el contenido concreto de la práctica a desarrollar, la duración de la misma, las jornadas y horarios para su realización, el centro o centros donde se realizará, la determinación del sistema de tutorías y la certificación a la que tendrá derecho el joven por la realización de las prácticas.
