Durante una reunión de ministros de Justicia de la UE, que se ha celebrado hoy en Copenhague, los Veintisiete han dado luz verde a la armonización de la legislación en lo referente a las penas previstas para este tipo de delitos, sanciones que deberán ser necesariamente penales y no simplemente administrativas, como ocurre en algunos países de la UE como Bulgaria.

Morten Bodskov, ministro de Justicia de Dinamarca, país que preside este semestre la UE, ha afirmado que la Unión Europea "lucha contra los que se aprovechan de los resquicios de la legislación comunitaria para corromper los mercados".

En la misma línea, la directora general de Justicia de la Comisión Europea, Françoise Le Bail, ha destacado la importancia de esa decisión en el contexto de crisis económica.

"En estos tiempos, hay que ponérselo fácil a las empresas y a los ciudadanos dentro de la UE pero también luchar contra los que se aprovechan del sistema comunitario", ha afirmado Le Bail en referencia a los que manipulan el mercado financiero en la UE estableciéndose en países donde el delito es perseguido con sanciones más bajas.

La medida afecta solo parcialmente a España, donde ya se sanciona por la vía penal las operaciones con información privilegiada y falsedad del mercado.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha explicado a Efe que apoya la armonización de sanciones penales en toda la UE para estos delitos.

"El uso de esta información privilegiada para alterar el precio de las cosas y el funcionamiento de los mercados genera una perturbación que debe de ser objeto no solo de una sanción administrativa sino también penal", ha explicado el ministro.

Por otro lado, los ministros han discutido sobre la opción de que las penas de rehabilitación en el caso de los ciudadanos comunitarios que están fuera de su país se cumplan en el país de origen del reo.

Esta opción, que apoya España, permitiría descongestionar la población carcelaria en países con sobrepoblación en los centros penitenciarios.

Finalmente, los Veintisiete han discutido la ampliación de la ejecución de resoluciones judiciales en materia civil y mercantil con demandados no domiciliados en la UE.

El ministro español ha defendido que a falta de un acuerdo mundial de reconocimiento de resoluciones judiciales "la UE no puede quedarse inactiva y precisa tener unas reglas de jurisdicción uniformes y comunes a todos los Estados miembros, que fortalezcan su posición de partida en la negociación de un eventual acuerdo internacional".

La reunión de hoy ha puesto punto y final al consejo informal de ministros de Interior y Justicia de la UE en Copenhague, donde han participado los titulares del ramo españoles, Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardón, respectivamente.