El equipo del titular de Hacienda, Cristóbal Montoro, ya ha trasladado a los gobiernos regionales que tendrán que adaptar sus presupuestos a las cuentas estatales que serán remitidas a finales de marzo al Congreso de los Diputados. Al acabar 2011, solo cuatro comunidades autónomas –las dos Castillas, Extremadura y Asturias – no tenían aprobados sus presupuestos ya que decidieron prorrogarlos por diferentes motivos. En unos casos porque la prórroga estatal decidida por Zapatero les impedía conocer las previsiones de ingresos y en otros, como el asturiano, porque no se encontraron los apoyos políticos necesarios para sacar las cuentas adelante. De hecho, este es el pretexto que ha argumentado Francisco Álvarez Cascos para convocar nuevas elecciones en marzo.
Las doce comunidades que sí decidieron sacar adelante sus presupuestos lo hicieron bajo unas previsiones de crecimiento para este año del 2,3%. El Presupuesto estatal las modificará a finales de marzo una vez lo haya hecho ya de forma oficial la Comisión Europea. A este nuevo escenario tendrán que adaptarse todas las regiones españolas mediante nuevos ajustes, teniendo en cuenta también el desplome de los ingresos tributarios que se producirá durante este ejercicio.
Las comunidades que decidieron prorrogar sus cuentas regionales tendrán relativamente más sencillo el ajuste que las que aprobaron sus cuentas en los respectivos parlamentos. En su negativa a aprobar sus presupuestos pesó el hecho de que el 70% de sus ingresos provienen de las transferencias estatales. No quisieron trabajar en balde y confeccionar unas cuentas desfasadas en cuanto a las estimaciones de crecimiento y de ingresos.
La presión de las comunidades sobre la ex vicepresidenta Elena Salgado no surtió efecto porque ésta se negó como gato panza arriba a modificar sus previsiones de crecimiento. Este presión no solo procedió de las comunidades que accedieron a la prórroga presupuestaria, sino también de Aragón, Murcia y Cataluña, aunque estas tres autonomías recularon y al final sacaron adelante unas cuentas que en cuestión de dos meses tendrán que actualizar.
Esta obligación será vinculante también para Cataluña, comunidad que reclama al nuevo Gobierno cerca de 4.000 millones de euros por diversos conceptos, 750 de los cuales derivan de la disposición adicional tercera del Estatuto catalán relativa a las inversiones del Estado en esta comunidad. En un escenario de recesión como el que se avecina, se opina en el Gobierno, estas demandas quedarán desactivadas.
Las previsiones de ingresos autonómicos son también pesimistas porque la actividad económica no termina de arrancar. Se calcula que el año pasado cayeron cerca de un 4% mientras que la mayoría de las partidas del gasto aumentaron.
Si bien las comunidades autónomas tendrán que atenerse a las reglas que dicta la nueva ley de Estabilidad Presupuestaria, también se han beneficiado del aplazamiento durante diez años de la devolución de las entregas a cuenta correspondiente a 2008 y 2009. En esos dos ejercicios, recibieron 24.000 millones de más.
