El sistema financiero español necesitará entre 10.000 y 15.000 millones de euros de apoyo público para acometer el saneamiento de sus balances por el 'ladrillo' en el marco de la reforma financiera aprobada por el Gobierno, según un informe de Barclays Capital.
"Con la excepción de las entidades más fuertes, Santander, BBVA y Bankinter, esperamos que la mayoría de las entidades serán incapaces de cubrir con los requerimientos en diciembre de 2012, lo que puede llevar a auna oleada de fusiones, en nuestra opinión", dice el informe.
Peor para el accionista
Barclays Capital estima además que la necesidad de elevar las provisiones para cumplir con el decreto ley aprobado por el Gobierno el pasado 3 de febrero someterá a los accionistas de las entidades a la dilución de su participación.
Este efecto tiene implicaciones especialmente en las entidades financieras con enfoque doméstico en las que los beneficios antes de provisiones serán insuficientes para alcanzar las nuevas exigencias, argumenta la firma de análisis.
Sobre si la segunda ronda de reestructuración derivada de la nueva norma de saneamiento para afrontar las pérdidas por la exposición al sector inmobiliario será suficiente, Barclays Capital considera que se trata de "un paso muy importante" de cara a completar el proceso.
Bankia, provisión 'manejable'
Para la firma, las exigencias de provisión y capital son "manejables" para Santander, BBVA, Caixabank y Bankia, mientras que, en contraste, la mayoría de entidades no serán capaces de cubrir los requerimientos en el plazo de un año.
Una vez detraídas las exigencias de un año de resultados en el sector financiero, las necesidades permanecerán en torno a los 27.000 millones de euros, calcula Barclays Capital.
Banco Popular y Sabadell contarán con un plazo de dos años para cubrir las nuevas exigencias de provisión y capital tras la adquisición de Pastor y de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), respectivamente, destaca la firma.
A su parecer, una nueva ronda de fusiones en el sector financiero español es algo positivo porque reducirá el exceso de capacidad del sistema y redundará en una mejora la eficiencia a largo plazo. "Sin embargo, a corto plazo, otra oleada de integraciones no reducirá la exigencia al Estado de prestar apoyo adicional a las entidades más débiles", sostiene.
