El PP vasco vuelve a poner sobre la mesa la defensa del matrimonio homosexual, esta vez, sin eufemismos ni ambages y empleando para ello la misma terminología del anterior presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ya que lo reivindica como un "derecho civil". Así, en la ponencia social que debatirán en su XIII congreso, a celebrar los días 12 y 13 de mayo y a cuya clausura acudirá Mariano Rajoy, afirman que “el derecho al matrimonio y a formar una familia es también un derecho civil. El Partido Popular del País Vasco cree necesario hacer una defensa expresa del acceso a este derecho al matrimonio en igualdad de condiciones para parejas del mismo o diferente sexo. Y así, queremos adoptar el compromiso de defenderlo hasta lograr con plena seguridad jurídica que sea normal en la ley lo que ya es normal en la calle”.

De este modo, dan una vuelta de tuerca más al texto que el líder de los populares vascos, Antonio Basagoiti, llevó al congreso nacional que se celebró en Sevilla, donde, sin ser tan explícito, enarboló la defensa de una reforma del Código Civil que su propio partido tiene recurrido ante el Tribunal Constitucional en espera de sentencia. Bien es cierto que, a diferencia de lo que ha hecho con el aborto, al anunciar una nueva Ley que volverá al sistema de supuestos y no de plazos, con respecto al matrimonio entre personas del mismo sexo el Gobierno prefiere escuchar al Alto Tribunal. En Sevilla, sin embargo, se transaccionó una enmienda para descafeinar el debate sobre una cuestión que divide al PP, ya que buena parte del mismo no entendió las razones del recurso de inconstitucionalidad si, a fin de cuentas, el argumento no era más que nominativo. Hasta la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se manifestó públicamente contra la inconveniencia del recurso, y el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, no ha dudado en defender el derecho al matrimonio llegando a oficiar alguna boda entre personas del mismo sexo cuando fue alcalde de Madrid.

Pero los populares vascos han hecho causa de este asunto, y el alcalde de Vitoria, Javier Maroto, ha ido un paso más allá incluso que su jefe de filas regional al citar expresamente la palabra “matrimonio” y añadir la adenda de “formar una familia”, en claro choque con el sector más conservador de su partido. Maroto explica que el PP vasco “defiende una política de familia dinámica acorde con los cambios sociales y las distintas modalidades de familia consecuencia de la realidad cambiante y en permanente evolución”, añadiendo los ejemplos de las monoparentales y de las numerosas –ésta última ya más del gusto de los "duros" del PP—“por su contribución desinteresada a la sociedad a base de un importante esfuerzo y sacrificio”.

El alcalde de Vitoria, ponente del texto, reivindica las “distintas modalidades de familia”

“Desde siempre, el ideario del Partido Popular del País Vasco ha tenido a la familia como uno de sus ejes fundamentales. La familia es el cimiento de la sociedad y de su estabilidad depende en buena medida el bienestar de la comunidad. En la familia, las personas aprenden a convivir, a respetar, a ejercer derechos y a cumplir obligaciones. En definitiva, la familia es una verdadera escuela de ciudadanía”, defiende el texto en una versión muy abierta y muy moderna de lo que se entiende por familia.

No hay novedades más rompedoras en la ponencia social del XIII congreso, ni siquiera en el apartado de la inmigración ilegal con respecto a la posibilidad de recibir asistencia sanitaria, cuestión sobre la que el lendakari, el socialista Patxi López, se ha declarado en rebeldía con respecto al ejecutivo de Mariano Rajoy. Todo apunta a que el texto fue elaborado antes de plantearse esta cuestión, aunque ahí los populares vascos están más cerca de la ortodoxia de su partido al defender una inmigración ordenada. Entiende que asumir la inmigración ilegal como un procedimiento normal de permanencia en el país de acogida “nada tiene que ver con la solidaridad. Al contrario, supone renunciar al Estado de Derecho y condenar a la persona inmigrante a ser objeto del tráfico de mafias y a la marginación social”. Tras añadir que los inmigrantes necesitan de “soluciones adecuadas y respuestas concretas a sus problemas concretos”, hace una apelación en el sentido de que “no podemos permitirnos discursos demagógicos, revestidos de un falso progresismo alejado de la realidad”. 

No dudan en calificar de “nefastas” las consecuencias de las políticas basadas en “papeles para todos” que, a su juicio, desarrolló el Gobierno del PSOE, y creen que los flujos migratorios deben estar basados en la capacidad de acogida disponible y ajustarse a las “posibilidades reales” de los países receptores para garantizar la integración sociolaboral de las personas inmigrantes y sus familias, en fin, muy en la línea de la ortodoxia del discurso popular.