"No hay ni una sola prueba directa". Quizás hicieron trampa. Quizás obtuvieron la plantilla de corrección antes de presentar las oposiciones. Pero no se ha podido determinar que la chuleta para aprobar aquel test haya sido proporcionada por un funcionario público. Por ello, el magistrado del Juzgado de lo Penal número 10 de Sevilla ha desestimado el argumento de la Fiscalía y ha absuelto a los 45 acusados de filtrar los exámenes de las oposiciones a la Policía Local de Sevilla. También ha exculpado al Ayuntamiento, que figuraba como responsable civil subsidiario.
"No hay ni una sola prueba lo suficientemente consistente que haya podido ser aportada por las acusaciones". El juez David Candilejo ha enterrado así la causa promovida desde el ministerio público cuando la actual fiscal general del Estado, María José Segarra, ejercía como fiscal jefe de Sevilla.
Corría 2012 y la acusación respaldaba la denuncia de un grupo de opositores que afirmaba que la plantilla de corrección del caso práctico y parte del cuestionario del examen habían sido filtrados por miembros del tribunal antes de las convocatorias que pretendían cubrir 103 plazas de agente de Cuerpo local.
Los beneficiados de aquella filtración, apuntaba el escrito de acusación de la Fiscalía, habrían sido opositores que tenían vínculos familiares y de amistad con la Policía Local y su principal sindicato (SPPME). 37 de los 45 acusados son policías locales que lograron una plaza en el cuerpo a través de dichas oposiciones. Esta semana, el magistrado ha rechazado este planteamiento: "También hubo opositores hijos, hermanos o sobrinos de policía u opositores igualmente relacionados con el sindicato profesional de policías municipales de España que no han superado los procesos selectivos".
En este sentido, el juez ha insistido en que "no consta acreditado el concierto previo por parte del tribunal para la filtración del examen ni la actividad particular de cada miembro del tribunal al respecto".
Felicitaciones
La sentencia es tajante: "No hay a lo largo de la copiosa instrucción, y así se ha evidenciado a lo largo del proceso, ninguna prueba directa de cargo suficiente como para sostener las acusaciones". La frase representa un varapalo al respaldo que en su momento mostró Segarra a los fiscales y al Grupo Especial de la Policía Local (Gepol), la desaparecida unidad que destapó el caso de los presuntos amaños.
En julio de 2013, un año después de aquellas oposiciones y durante la investigación del ministerio público, la que fuera fiscal jefe de Sevilla llegó a felicitar al Gepol. "Casi todas [las investigaciones] han dado lugar a los oportunos procedimientos penales, los cuales se encuentran en trámite, demostrándose así el acierto de las investigaciones", decía en una nota pública.
"Debo subrayar (...) la idoneidad de que por esta Fiscalía se encargara la gestión a Gepol al tratarse de conductas de corrupción dentro del seno de la propia Policía Local", añadía.
Durante las declaraciones en el juicio, el presidente de la Junta de Personal del Ayuntamiento de Sevilla, Luis Manuel Val Morales, que es policía local en el Consistorio de la capital andaluza, aseguró que Segarra había utilizado en varias de sus investigaciones a un cuerpo policial "ilegal". La estrategia de las defensas se centró, en gran medida, en desacreditar la legitimidad del Gepol para llevar a cabo la investigación.
La sentencia, sobre la que cabe recurso, no entra a valorar la gestión del grupo policial. Asegura, sin embargo, que no es posible acreditar quién y cómo filtró aquellos extractos de los exámenes en los que se detectó posible irregularidades.
El juez ha señalado que de darse por cierta la filtración, si se desconoce quién fue el responsable, no puede atribuírsela a los demás miembros del tribunal; "al menos no a título directo como hacen las acusaciones", ha subrayado.
