El juez del caso Popular cierra la puerta a investigar si el despacho que asesoró al Consejo de Administración en junio de 2017 incitó a la entidad a declarar la inviabilidad. El magistrado de la Audiencia Nacional José Luis Calama Teixeira da por válida el acta que firmaron los consejeros el 6 de junio y deja claro que, de su lectura, se descartan "florituras interpretativas". De este modo avala el documento pese a que algunos antiguos gestores de la entidad consideran que se les indujo a engaño para precipitar el proceso de resolución.

En concreto, el expresidente del Popular Ángel Ron pidió al magistrado que acordara una serie de diligencias para esclarecer si abogados del despacho Uría Menéndez explicaron con claridad a los consejeros la trascendencia de lo que estaban acordando. Al respecto, solicitó al juez que identificara a los letrados que asesoraron a la entidad desde el 17 de febrero hasta junio de 2017, etapa en la que fue presidente Emilio Saracho. Además, instó al juzgado a que oficiara a una notaría a fin de recabar actas de manifestaciones de algunos consejeros.

El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 responde denegando todas las peticiones de prueba. En un auto al que ha tenido acceso Vozpópuli, explica que asume el criterio de la Fiscalía Anticorrupción y descarta abrir esta nueva línea de investigación razonando que se trata de diligencias "no pertinentes". Al respecto razona que en aquella reunión se adoptó un acuerdo "esencial" para la viabilidad del Popular y que los integrantes estaban capacitados para tomar dicha decisión.

"Acuerdo esencial para el Popular"

"El Consejo de Administración del Banco Popular, integrado por personas de indiscutible formación financiera y empresarial, adoptó un acuerdo esencial para la viabilidad de la entidad. La mera lectura del precepto descarta florituras interpretativas. No puede desplazarse el centro de gravitación de esa decisión genuina del Consejo a su presunto asesor (despacho Uría). Debemos recordar que los consejeros declararon ante este instructor en calidad de investigados pudiendo referirse a ese asesoramiento inadecuado al que se refiere el escrito", responde el juez.

El instructor hace referencia a los interrogatorios practicados desde el inicio de esta causa, en octubre de 2017, a los antiguos gestores imputados por la caída del banco. Sin embargo, Ángel Ron sostiene que algunos consejeros, como Jaime Ruiz Sacristán, llevaron ante notario este asunto para apuntalar que en el Consejo nunca se les informó de que la consecuencia de lo que estaban aprobando era la resolución del Popular.

El propio Sacristán plasmó en el acta notarial no solo el desconocimiento de los efectos de la decisión, sino también que ni antes ni después de la reunión se puso a disposición ni de los consejeros el borrador de la carta enviada al BCE ni el acta parcial de dicho encuentro. Ángel Ron sostiene al respecto que el enfoque y presentación de su sucesor, Emilio Saracho, fue "engañoso" e iba presuntamente dirigido a "obtener la voluntad de los consejeros" en un sentido que "nunca debió producirse".

Del mismo modo, apela al peritaje incorporado en la causa de los expertos del Banco de España en el que se apuntaba que el acta del Consejo de aquel 6 de junio de 2017 "únicamente" incorporó las pérdidas y que no había evidencia suficiente al respecto, ya que se trataban de estimaciones del resultado de las revisiones en curso. El acta tampoco incorporaba ni la posible ampliación de capital ni los incrementos de solvencia previstos por ventas de sociedades como Wizink y Totalbank. Se esperaba que esta operación generase 2,25 puntos de capital, mejorando, por tanto, la solvencia del banco.

"Consideración legal de inviable"

El magistrado Calama Teixeira considera, por contra, que no hay cabida para investigar este capítulo previo a la resolución del banco. Además, recoge en su respuesta el textual del acta. El documento plasmó que el Consejo aprobaba la "consideración legal de inviable" y, en consecuencia, la comunicación "inmediata" al Banco Central Europeo de esta situación, en cumplimiento con lo recogido en la Ley 11/2015, de 18 de junio, de recuperación y resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión.

De esta forma se agrava el enfrentamiento entre los gestores de la etapa de Ángel Ron, que sostienen que la entidad era solvente y que se podría haber evitado la resolución, y el equipo de Emilio Saracho. El banquero alega que no fue el responsable del fin de la entidad, que en mayo de 2021 se desconocía una parte importante del déficit de capital que arrastraba el banco y que barajó varias salidas para el Popular, más allá de su posible venta. También ha negado en reiteradas ocasiones que filtrara información negativa de la entidad para hacer caer el precio de las acciones y reducir el valor a cero.

Tanto es así que una de las últimas diligencia que ha solicitado el economista y que está pendiente de respuesta por parte del juez consiste en ampliar la pericial del Banco de España para que se concrete el impacto que tendrían en los coeficientes de solvencia de la entidad a cierre del ejercicio de 2016 las pérdidas de 1.915 millones de euros que cuantificaron dichos peritos en el plan de negocio aprobado en mayo de 2017. Su objetivo es probar que pudo realizar una tarea "hercúlea" y que todo el equipo gestor de aquella época actuó "diligente y lealmente".

Por su parte Ron sostiene que su sucesor no hizo todo lo que debía para salvar al banco y que cuando él dejó la presidencia, el grupo era solvente. En el escrito en el que solicitó las diligencias que ahora el juez deniega expuso, además, que el Banco Popular tenía un colchón de liquidez de entre 11.000 y 12.000 millones de euros.

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