La vicepresidenta y portavoz del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha explicado que una posible reducción del número de aforados es una "cuestión abierta a debate", como ya ha expresado el Gobierno anteriormente. Tanto el asunto del número de aforados como qué personas deben tener esta condición están sobre la mesa, según ha indicado la portavoz del Ejecutivo. "El Gobierno es partidario de abrir ese debate", ha dicho, pero ha añadido que en el Ejecutivo también son "conscientes de las dificultades técnicas de esa medida".
"Algunos aforados están regulados por Estatutos de Autonomía", ha argumentado Sáenz de Santamaría, que ha reiterado la "disposición" del Gobierno para "trabajar y entendernos". "Queremos ver qué opinan el resto de los grupos", ya que es necesario "ponerse de acuerdo con otras instituciones que no son estatales". El Ejecutivo quiere, pues, antes de tomar cualquier decisión, debatir la cuestión con el resto de partidos políticos. Y, tras ello, ver "cómo se puede ejecutar" la medida.
El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha defendido que se revise el número de aforados en España para pasar de los actuales 17.621, sin contar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, a solo 22. Según ha considerado en una entrevista que publica El País, los únicos aforamientos que deberían subsistir en España son, aparte de los que afectan a la familia real, los de los presidentes del Gobierno, Congreso, Senado, Tribunal Constitucional, Tribunal Supremo y las 17 comunidades autónomas, "y esto suma 22 personas".
Consenso necesario
Sáenz de Santamaría ha recordado que fue el propio presidente, Mariano Rajoy, quien consideró necesario abrir esta cuestión al diálogo entre las fuerzas políticas dentro de las medidas de regeneración democrática que se busca consensuar. El caso de los aforamientos, ha dicho, sí parece contar con la voluntad de la mayor parte de los grupos políticos. Ante la posibilidad de que cambiar el sistema de aforamientos requiera una reforma de la Constitución, ha insistido en que un cambio en la Carta Magna debe partir de un acuerdo amplio de las fuerzas políticas.
La portavoz del Gobierno ha señalado en la rueda de prensa que para el Ejecutivo es "bueno" abrir el debate sobre los aforamientos, ha recordado la disposición de la mayoría de las fuerzas políticas a abordarlo y ha señalado que habrá que ver ahora en qué términos se pueden poner de acuerdo. "Siendo conscientes de la complejidad técnica, abramos el debate", ha concluido.
