Cinco jueces presentaron la semana pasada su candidatura a presidir la Audiencia Nacional, una de las instancias clave en nuestra estructura judicial. Se trata de Juan Pablo González, actual enlace de España en Francia y José Ramón Navarro, titular del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
Con el Constitucional y el Supremo presididos por sendos magistrados de tendencia conservadora, Francisco Pérez de los Cobos y Carlos Lesmes, respectivamente, le llega a la Audiencia Nacional el momento de adaptarse también al color político imperante en la mayoría gubernamental. La salida de Ángel Juanes, encuadrado en el denominado bloque 'progresista', a finales de diciembre del pasado año, rumbo a la vicepresidencia del Supremo, abre la puerta a un cambio de signo en la Audiencia. El plazo de presentación de candidaturas se cerró a finales de la semana pasada y se han oficializado cinco aspirantes, entre los cuales figuran dos claros favoritos, ambos de tendencia conservadora.
Un pasado polémico
Juan Pablo González ofrece el perfil más abiertamente conservador y sin duda uno de los aspirantes con más posibilidades, según fuentes de la Audiencia. Miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), actualmente ejerce el papel de enlace con la Justicia Francesa. Su trayectoria tiene un pasado polémico. No pasó precisamente inadvertido su desempeño como juez decano en Bilbao y magistrado de la Audiencia provincial, donde mantuvo una firme beligerancia con los planteamientos nacionalistas. Como vocal del CGPJ publicó un resonado artículo en el diario La Razón en el que acusaba al gobierno de Ibarretxe de ofrecer "cobertura social, política e ideológica a ETA", cuestión que le valió la enemiga de las familias separatistas y soberanistas del País Vasco.
También conservador, aunque mucho más moderado en sus planteamientos políticos, es José Ramón Navarro, presidente del Tribunal Superior de Canarias, hombre respetado en la profesión y jurista de excelente formación y general reconocmiento. Navarro no quiere moverse de Canarias, según él mismo ha dicho, no provoca rechazos y ha ejercido como magistrado en órganos colegiados durante casi diez años. González tan solo cuatro años.
El caso Bankia
Los otros tres candidatos tienen en común que ejercen actualmente como magistrados en la propia Audiencia Nacional, un dato que a priori puede contar a su favor, pero no en forma decisiva, según estas fuentes. Uno de los más mediáticos es Fernando Andreu, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de la Audiencia y quien instruye la querella contra la cúpula de Bankia por el asunto de las preferentes. También es el magistrado encargado de la investigacón del mayor caso contra la mafia china abierto hasta ahora en nuestro país, el denominado 'caso Emperador'. Precisamente este asunto significó un leve borrón en su carrera cuando dejó en libertad, por un error burócratico sin dilucidar, luego enmendado, al capo de esa organización, Gao Ping. No ostante, Andreu es un juez de intachable proceder, sin adscripciones políticas reseñables, laborioso y que goza de enorme respeto entre sus compañeros.
Justicia Universal
También desarrolla su actividad profesional en la Audiencia Nacional Ismael Moreno, titular del Juzgado Central número 2 y en su momento decano de los jueces de esa sede. Su relevancia mediática adquirió particular altura al ordenar la detención del ex presidente de China, Jiang Zening y otros cuatro dirigentes de su gobierno por presuntos delitos de genocidio, torutera y lesa humanidad cometidos en el Tibet. Esta iniciativa movió al Gobierno de Rajoy a poner límites a la llamada 'justicia universal', un foco de conflictos diplomátricos de primera magnitud. Moreno también saltó a los medios hace unas semanas cuando llamó a declarar a los miembros del denominado Comité Internacional de Verificación, encargados de consumar la pantomima de la entrega de armas por parte de ETA, un episodio ardorosamente defendido y supuestamente financiado por el propio gobierno vasco.
El único aspirante de perfil abiertamete 'progresista' es Javier Martínez Lázaro, magistrado de la Sala de lo Penal, fue vocal del CGPJ y es esposo de Ana Ferrer, la primera mujer en acceder a la Sala Penal del Supremo. Lázaro es un profesional riguroso pero sus posibilidades como futuro presidente del Audiencia son mínimas.
A la espera de la posible llegada de alguna otra candidatura por correo, todo parece indicar que la Audiencia Nacional, un órgano jurídico de enorme relevancia en nuestro país, acompasará el 'color político' de su presidencia al del Supremo y el Constitucional. Lentamente, Gallardón ha tejido sus hilos y ha dispuesto un panorama judicial poco problemático para el Gobierno de Rajoy. Al menos en el plano teórico y en el orgánico. Luego, la independencia de cada juez y de cada magistrado puede deparar, sin duda, alguna tormenta y determinadas sopresas.
