El juzgado de Instrucción número 38 de Madrid ha ordenado la apertura de diligencias previas ante la posibilidad de que la venta realizada por el Ayuntamiento de Ana Botella de 1.860 viviendas de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) pudiera ser un delito de malversación de caudales públicos o de sustracción de bienes públicos de su utilidad social.
El juzgado ya ha ordenado que se investigue la posible comisión de delito, según ha manifestado el portavoz municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid, Jaime Lissavetzky, a raíz de la admisión a trámite de la denuncia que su grupo presentó contra el Ayuntamiento y la EMVS por la enajenación de viviendas, según Europa Press.
Según recoge el auto para remitir a la Fiscalía que incoe diligencias previas: “Los hechos que resultan de las anteriores actuaciones presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”.
Lissavetzky ha expresado su satisfacción porque el proceso judicial sigua adelante con la admisión a trámite y espera que haya sentencia sobre esta venta de inmuebles de carácter público al “fondo buitre” Blackstone por 128,5 millones de euros.
Los pisos, que se han vendido por un valor medio de 69.000 euros se repartieron en 18 promociones que comenzaron el 3 de mayo con un anuncio en la prensa, y que acababa 14 días después.
La compra además iba acompañada de otra operación, no vinculada a la compra de viviendas, por la que por 3 millones, Blackstone obtenía varios locales comerciales, trasteros y plazas de aparcamiento.
