A las trabas que la Fiscalía Anticorrupción ha puesto a la macro-investigación llevada a cabo por la juez Mercedes Alaya en el 'caso de los ERE falsos', hay que sumar un último episodio. Ahora, y todo apunta a que actuarán contra la resolución, los representantes del Ministerio Público en este procedimiento van a estudiar la posibilidad de recurrir el auto en el que la magistrada abre la puerta a la imputación de dos ex presidentes de Andalucía José Antonio Griñán y Manuel Chaves y cinco ex consejeros autonómicos (Carmen Martínez Aguayo, Antonio Ávila, Manuel Recio, José Antonio Viera y Francisco Vallejo).
Los asignados o elegidos para este caso por el fiscal jefe de Anticorrupción, Antonio Salinas, que se mantiene en el cargo tras el relevo de Cándido Conde-Pumpido por Eduardo Torres Dulce y cuyo mandato concluye a finales de este año, son Juan Enrique Egocheaga, como titular desde el principio (fue nombrado fiscal en plaza de tercera categoría en 2001), y Manuel Fernández Guerra, en tareas de apoyo desde 2011. Fuentes fiscales sostienen que ambos tienen intención de centrarse en analizar si la resolución de Alaya “se ajusta a derecho y si cumple con la jurisprudencia del Tribunal Supremo en materia de aforamiento”, informó Ep. Tanto en el Ministerio Público como en fuentes jurídicas consultadas por Vozpópuli existen dudas sobre la legitimidad de la juez para referirse a los implicados como “imputados” cuando “ni siquiera se ha procedido a remitir al Supremo o al TSJA, según cada uno, la exposición razonada en torno a los indicios que pesan sobre ellos”.
En concreto, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla comunicó el auto a los sietes ex pesos pesados de la Junta –dos de ellos, Martínez Aguayo y Viera se enteraban ayer a la vez que cedían sus carteras a sus sucesores– y les dio traslado, a todo ellos en “calidad de imputados”, tanto de las actuaciones como de los próximos señalamientos de declaraciones a fin de que puedan personarse en la causa "si ese fuera su interés".
Existen dudas sobre la legitimidad de la juez para referirse a los implicados como “imputados” cuando “ni siquiera se ha procedido a remitir al Supremo o al TSJA, según cada uno, la exposición razonada en torno a los indicios que pesan sobre ellos”
La extremada cautela con que la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla acogió ayer la resolución de la juez Alaya sugiere que se inclina por recurrir el auto, que ha estallado al nuevo Gobierno de Susana Díaz en su toma de posesión. Y es que Egocheaga ya intentó apartar a la instructora del caso Mercasevilla, investigación que desembocó luego en el escándalo de las falsas prejubilaciones. Alegó entonces --sin éxito-- una supuesta incompatibilidad de la tarea de la juez con el historial laboral de su marido, Jorge Castro, ex auditor de la empresa municipal sevillana hasta 2002 a través de la consultora KPMG.
La representación jurídica de la ex responsable del área económico-financiera de Mercasevilla, Pilar Giraldo, imputada por las presuntas irregularidades cometidas en la entidad, presentó en octubre de 2010 un escrito en el que solicitaba la recusación de Alaya al sospechar que “la juez pueda realizar consultas a su marido y recabar información sobre multitud de aspectos extraprocesales que, a la postre, pudieren distorsionar su visión de la causa y, finalmente, perder la debida imparcialidad que debe regir su actuar".
La Fiscalía, con Egocheaga en su seno, se sumó a la petición del abogado de Pilar Giraldo al considerar que "es innegable la relación del contenido objetivo de la investigación que ahora se inicia con la actividad profesional desplegada" por el marido de la juez hasta el mes de septiembre de 2002. "Ello puede tener influencia en la debida imparcialidad de la instructora", apuntaron en ese momento fuentes fiscales a Ep. Además, en un principio, el Ministerio Público había indicado que “no veía motivo para la recusación”, versión que luego cambió. No obstante, la Audiencia Provincial de Sevilla terminó desestimando la recusación, ya que, a su juicio, "carece de virtualidad para apartar a la magistrada del conocimiento del proceso por la causa consistente en tener interés directo o indirecto, al constatarse que permanece incólume su imparcialidad subjetiva”, enfatizó.
Prisas en el Ministerio Público
Existen otros precedentes de este órgano a la hora de intentar conducir la investigación por una vía diferente a la seguida por Alaya. El tándem Egocheaga-Fernández Guerra se dirigió a ella el pasado 3 de septiembre para que acelere "la toma de declaración de 24 imputados" en el 'caso de los ERE', sobre todo de los 19 que llevan más tiempo esperando, como el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas o el ex gerente de Mercasevilla Fernando Mellet, que están encausados desde marzo de 2011. La razón que esgrime el Ministerio Público es la posible prescripción de los delitos.
Asimismo, Egocheaga se opuso a que la magistrada tuviera acceso a las actas de los Consejos de Gobierno del Ejecutivo andaluz desde 2001. El fiscal delegado presentó un recurso contra la petición de Alaya al entender que la medida, fijada en un auto, no era "necesaria ni proporcional". Según él, no podía justificarse con que pretendía evitar que la Administración autonómica pudiera eludir la acción de la justicia o causar daños "graves e irreparables" ya que, recalcaba Egocheaga, la Junta ha colaborado con la Justicia y "ha venido respondiendo a cuantos requerimientos" le ha hecho el Juzgado.
