En un movimiento tan sorprendente como polémico, la mayor productora y probablemente primera exportadora de aceite de oliva de todo el mundo ha denunciado prácticas ilícitas en la producción de aceite. La cooperativa DCOOP ha movido ficha y ha pedido a las administraciones y Fiscalía que actúen.
“No tengo pruebas y por eso no vamos a los tribunales, pero sí tenemos claros indicios y pedimos que se actúe”, dice el presidente de Dcoop, que señala el fraude comercial por mezclar aceite, algo que está prohibido en España, aunque conforme a la legislación actual, puede hacerse y es de hecho, una práctica habitual.
Tanto la Asociación de Industrias Envasadoras, los Exportadores de Aceite como la Junta de Andalucía y el propio Ministerio de Agricultura piden calma y reflexión para evitar lanzar un mensaje negativo que afecte al aceite de oliva. El ministro Planas califica de "desafortunadas e irresponsables" las declaraciones de un actor de peso en el sector. El estamento olivarero en Andalucía lidera las cifras récord de exportación este año y representa en el sur de España el mayor monocultivo del mundo. No es una cuestión sectorial sino transversal.
En medio de la vorágine que ha causado su denuncia, Antonio Luque dice a Voz Pópuli que no se arrepiente de su decisión: “solo perseguimos un objetivo, ganar en competencia y en calidad para asegurar que el aceite de oliva español continúe siendo el mejor aceite del mundo”.
El hecho de que una botella de aceite de oliva pueda tener un porcentaje de otros productos más baratos en su interior, habiendo sido mezclado con orujo o productos no refinados no es un fraude sanitario, ya que para salir al mercado ha pasado por los controles pertinentes. Pero sí es un menoscabo a la calidad cuando la mezcla se realiza con la suficiente sutileza como para no ser detectada por los controles reglamentarios que existen.
Dcoop denuncia una legislación laxa
“Este problema existe desde hace mucho tiempo, lo hemos denunciado varias veces al Ministerio, pero no adoptan soluciones”, lamenta Luque. El hecho de que esta denuncia salga ahora a la luz tiene que ver con una evidencia contrastada en el mercado. Tras los años de sequía en los que el aceite de oliva se ha encarecido como nunca, en Dcoop han podido detectar el comportamiento de otros productos en el mercado.
El síntoma al que señala Luque es el aceite lampante, el de menor calidad y que debe ser sometido a un proceso industrial para ser vendido como aceite refinado de oliva. Sin embargo, a pesar de necesitar un coste adicional por ese tratamiento, el lampante ha permanecido más barato que los aceites ya refinados, incluso en la época de encarecimiento.
Siguiendo la lógica de que nadie vende duros a cuatro pesetas, Antonio Luque señala la evidencia de que se están mezclando otros ingredientes como el orujo en el aceite. “Desde Bruselas se ha recomendado un control con panel de catas, pero no son suficientes porque con esta normativa no podemos asegurar la pureza del aceite de oliva. Por eso pedimos un seguimiento exhaustivo a la trazabilidad que nos permita detectar la calidad del producto”, dice Luque.
No se trata por lo tanta de analizar el producto final ya mezclado y refinado de acuerdo a unas cantidades mínimas que aseguren sabor, color, olor o acidez, “se trata de controlar con exigencia de calidad todo el proceso de producción y elaboración industrial, por eso necesitamos un seguimiento de la trazabilidad”.
Sin pruebas, pero sin dudas
La existencia de esta ingeniería alimentaria legal que aumenta las ganancias por mucho que vaya en detrimento de la calidad del producto es legal. El aceite resultante es comestible y saludable porque cumple las exigencias, pero se vende con una pureza que no tiene.
Que alguien no de positivo en un control de alcoholemia en carretera no siempre quiere decir que no haya bebido ni una gota de alcohol, sino que no rebasa los límites, “por eso tenemos claro que no hacemos daño al sector. De esto solo saldrá perjudicado aquellas cooperativas que están haciendo trampas”.
La denuncia de Dcoop, a pesar de la censura del resto del sector, no es una extravagancia ni un ajuste de cuentas comercial infundado. Ante el aumento de casos de fraude alimentario, en 2018 la Unión Europea creó el Centro de Conocimiento sobre el Fraude Alimentario y la Calidad de los Alimentos que viene emitiendo informes anuales.
Según el primer informe del organismo - The EU Agri-Food Fraud Network- los productos que mayor rango de fraude sufren son aceite de oliva, pescado, alimentos ecológicos, leche, cereales, miel, café y té, especias, vino y algunos zumos de frutas. El aceite de oliva es un sospechoso habitual junto con otros productos emblema de la región como el atún rojo.
Posteriormente, el ente europeo detectó que el número de casos de posible fraude alimentario investigados a nivel de la UE aumentaba proporcionalmente al alza de los precios. Con la sequía que los campos andaluces vienen padeciendo en los dos últimos años, los precios del aceite de oliva han subido en todo el mundo, con incrementos que oscilan entre el 100% y el 175% para el aceite de oliva virgen extra, según datos de ASAJA.
El aceite de oliva viene siendo la categoría con más notificaciones fraudulentas, entendiendo como fraude alimentario las acciones intencionadas tomadas por empresas o individuos “con el propósito de engañar a compradores y obtener una ventaja indebida de los mismos, en violación de la legislación de la UE sobre la cadena agroalimentaria”.
Existen varios indicadores comunitarios para enmarcar una práctica como fraudulenta y por lo tanto sancionable: violar leyes, intencionalidad evidente, obtener de la práctica ganancias económicas o engañar al cliente con colores alterados, etiquetas u omitiendo propiedades reales como la presencia de alérgenos.
