La investigación judicial sobre el polémico ático que el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gónzalez, posee en Marbella (Málaga) tendrá que esperar. La Sección Novena de la Audiencia Provincial de Málaga, que el pasado martes celebró la vista para estudiar los recursos contra la imputación de Lourdes Cavero, esposa del mandatario madrileño, no decidirá sobre la situación judicial de ésta hasta el 5 de noviembre y, por tanto, todas las diligencias quedarán paralizadas hasta entonces. Así lo han confirmado a este diario fuentes jurídicas, que añaden que este frenazo en las pesquisas que dirige la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona, Mariana Pelegrina, afectará también a las diligencias ya en marcha, como son sendas comisiones rogatorias remitidas a EEUU y Reino Unido, cuya respuesta, de recibirse en estos seis meses, quedaría 'aparcada' y sólo estaría accesible para la Fiscalía y los miembros del tribunal.
La fecha de la deliberación fue comunicada con una nota colgada en el tablón de anuncios de la sala en la que iba a celebrarse la vista del recurso por la imputación de la mujer de González
La fecha de la deliberación fue comunicada a los abogados personas en la causa el mismo martes, sólo unos instantes antes de iniciarse la vista sobre el recurso de Lourdes Cavero, con un escrito colgado en el tablón de anuncios de la sala en la que se iba a celebrar ésta. En el mismo, se daba cuenta del acto que estaban a punto de celebrarse y de la fecha fijada para la posterior reunión en la que los tres magistrados van a decidir si levantan o mantienen la imputación de la mujer de González. Al cierre de estas líneas, no consta que hayan modificado su intención de esperar hasta noviembre para dicha deliberación. Y ello a pesar de que en la vista tanto el fiscal del caso, Juan Carlos López Caballero, como los representantes legales de Lourdes Cavero, de la empresa que vendió el ático al matrimonio e, incluso, de la acusación popular en nombre del Sindicato Unificado de Policía (SUP), que fue quien presentó en su día la querella, rechazaron la imputación contra la esposa de González, aunque con diferentes argumentos. Sólo la acusación en nombre del Partido Socialista de Madrid (PSM) defendió la decisión del pasado mes de diciembre de la titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Estepona.
Un retraso criticado a este diario por el abogado del SUP, Javier Carnerero, para quien este tardanza en adoptar una decisión "es inaceptable en una causa que ya acumula bastante retraso y va muy lenta". De hecho, las pesquisas tienen ya más de dos años, ya que se iniciaron con una denuncia presentada por este sindicato policial ante la Fiscalía Anticorrupción el 14 de abril de 2012 que ésta archivó un mes después al considerar que la misma no contenía datos que hicieran pensar de la existencia de un delito en lo que entonces era el alquiler de una vivienda. Sin embargo, el SUP siguió adelante y acudió a los juzgados de Estepona, término municipal donde se encuentra el polémico chalé. Allí, la juez Manuela Pelegrina terminó admitiéndola en enero de 2013. Desde entonces, sin embargo, la causa ha avanzado poco y sólo el auto del pasado mes de diciembre en el que se imputaba a Lourdes Cavero lo sacó del letargo judicial en el que parecía estar sumido. Aquel escrito, provocó la rápida reacción tanto de la Fiscalía, que se opuso desde el primer momento al mismo, como del propio Ignacio González, que criticó duramente la decisión judicial.
Desde entonces, la causa ha permanecido a la espera de que se resolvieran los recursos presentados tanto por la defensa de Lourdes Cavero como por el Ministerio Público y que iban, no sólo contra la imputación de la mujer del mandatario madrileño, sino también contra la intención de la magistrada de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. El caso se terminó de enmarañar hace sólo unas semanas, cuando una asociación de trabajadores de Telemadrid afectados por el recorte de plantilla y, de nuevo, los socialistas madrileños presentaron sendas querellas por cohecho y blanqueo por la compra del ático contra el propio Ignacio González en el Tribunal Supremo, dado el carácter de aforado de éste. El alto tribunal aún no se ha pronunciado, pero la Fiscalía del mismo hizo público el miércoles, sólo un día después de la vista celebrada en Málaga, su oposición a que sean admitidas al considerar que las mismas "tienen mucho de prospectiva y poco de relato cierto de contenidos".
Retraso en la comisiones rogatorias
Este frenazo de seis meses en la investigación se suma al retraso de cerca de un año que sufren por culpa de un supuesto error judicial las dos comisiones rogatorias que son consideradas claves por las acusaciones para avanzar en el proceso. Con la primera de ellas, dirigida a las autoridades británicas, la magistrada espera conseguir datos sobre las cuentas en el Lloyds TSB Bank PLC de Londres abiertas a nombre de Coast Investors LLC, la empresa que figuraba como titular de la vivienda de lujo hasta que fue adquirida por el político madrileño y su esposa. Durante nueve meses, esta petición de colaboración fue dando tumbos a través de Interpol hasta que a finales del año pasado la Justicia británica la rechazó porque en su tramitación no se había seguido el cauce marcado en el convenio del año 2000 que fija los mecanismos de asistencia penal entre estado miembros de la Unión Europea. Cinco meses después del error, aún no ha llegado al Juzgado la información reclamada.
Las comisiones rogatorias cursadas a EEUU y Reino Unido también acumulan un enorme retraso por culpa de un error judicial
Algo similar ha pasado con la que se remitió a EEUU. El pasado mes de septiembre, la instructora dictó una providencia para pedir a las autoridades de Washington que interrogasen a Rudy Valner, el ciudadano de nacionalidad mexicana y domicilado en California que actuó en nombre y representación de Coast Investors LLC en la compra del polémico ático. Ocho meses después, no ha habido respuesta, entre otros motivos, porque pasó más de dos meses sin ser traducida al inglés, trámite necesario para poder tramitarla a través del Ministerio de Justicia español. Esta diligencia judicial ya había empezó con 'mal pie', ya que en su momento no se comunicó con carácter previo su tramitación al abogado del SUP, que al tener noticia de la misma solicitó retrasarla para poder incluir las preguntas que deseaba formular al titular de la empresa bajo sospecha.
