El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha pedido este lunes a las autoridades francesas que autoricen a la Guardia Civil a acceder al arsenal de armas que ETA entregó el pasado sábado en el país galo con el fin de esclarecer los atentados sin resolver de la banda.
Velasco ha cursado una comisión rogatoria a Francia para que le de información sobre las 120 armas de fuego, 3 toneladas de explosivo y varios miles de municiones y detonadores encontrados en los ocho zulos cuya ubicación el sábado ETA facilitó a la policía francesa.
En ese documento, según fuentes jurídicas, pide a las autoridades de ese país que autoricen a la Guardia Civil a acceder a las armas y efectos entregados por ETA, así como a los futuros informes periciales balísticos, explosivos, de huellas dactilares, restos biológicos y de ADN que las autoridades galas pudieran realizar sobre las referidas armas y efectos.
Velasco ha cursado esta petición con la finalidad de obtener pruebas de cara a esclarecer los diferentes atentados de ETA cometidos en territorio español y están pendientes de resolver (224 con 297 fallecidos).
Lo ha hecho dentro de las diligencias previas que incoó el pasado viernes por delitos de terrorismo de los artículos 571 y 572 del Código Penal y en virtud de un oficio que cursó la Dirección Adjunta de la Guardia Civil solicitándolo.
La comisión rogatoria se ha enviado a la autoridad judicial francesa competente en virtud de la cooperación jurídica entre estados miembros de la Unión Europea y de conformidad con el convenio europeo de asistencia judicial en materia penal, atendiendo al principio de reciprocidad y asistencia judicial mutua que rigen las solicitudes de ayuda internacional en materia penal.
En vista de la entrega de armas anunciada para el pasado sábado, la Fiscalía ya solicitó al juez poder acceder a las armas para determinar si alguna de ellas forma parte de algún procedimiento contra la banda terrorista abierto actualmente en la Audiencia Nacional.
Y es que de esos 224 atentados cuyos autores no se han esclarecido totalmente (en varios casos se ha condenado a alguno de ellos, pero no a todos o no se ha encontrado a los cooperadores), los diferentes jueces de instrucción de la Audiencia Nacional han reabierto 21 de ellos en los últimos años.
Sin esperanza
Sin embargo, las fuerzas de seguridad consultadas tienen pocas esperanzas de que las armas entregadas por ETA sirvan para arrojar luz sobre ellos, ya que seguramente estarán "limpias" de pruebas y muchas de las usadas en esas acciones ni siquiera se habrán facilitado a los "mediadores".
El hallazgo de pruebas e indicios es precisamente lo que ha permitido reabrir esos sumarios, el último el atentado perpetrado por la banda en 1979 en Villafranca (Guipúzcoa) en el que fueron asesinados un guardia civil y su novia.
En 2012 se reabrieron varios que estaban a punto de prescribir (hay un plazo de 20 años), como el asesinato en Madrid del coronel retirado del Ejército del Aire Aquilino Vasco Álvarez, de los guardias civiles en Oyarzun (Guipúzcoa) José Manuel Fernández y Juan Manuel Martínez o del policía nacional en San Sebastián Ricardo González Colino.
Hace dos años, la Audiencia también revisó el asesinato con bomba lapa del comandante del Ejército de Tierra Luciano Cortizo, cometido el 22 de diciembre de 1995 en León y las nuevas pruebas llevaron a procesar a los etarras Soledad Iparragirre, "Anboto", y Sergio Polo Escobes, "Lur", como sus autores.
En estos últimos seis años se ha conseguido asimismo determinar que fue el exjefe de aparato militar de ETA Mikel Carrera Sarobe "Ata", el que asesinó en 2001 al presidente del PP en Aragón Manuel Jiménez Abad.
A la lista de 21 sumarios reabiertos se unen los del secuestro del funcionario de prisiones José Antonio Ortega Lara, los asesinatos de militante socialista Fernando Múgica o los de los concejal del PP Miguel Ángel Blanco y Gregorio Ordóñez.
