De José Luis Rodríguez Zapatero dijo Felipe González en 2006 que había "centrifugado" España descentralizándola mediante su impulso entusiasta al nuevo Estatuto catalán. Pero a lo bestia. De Pedro Sánchez, es bien conocido qué concepto guarda el expresidente del Gobierno, y de hecho explicitarlo de vez en cuando le ha convertido en una especie de verso suelto que la dirigencia sanchista trata de minimizar con una displicente condescendencia.

Pese a ese desprecio, no es probable que el principal icono del PSOE guarde silencio ante la previsible estrategia que el presidente del Gobierno, versión rebuscada de Zapatero, pretende seguir proyectando durante el nuevo año, consistente en ese atrincheramiento personal, ya exhibido en 2024, cuya defensa pivota en torno a una retórica mil veces repetida: es él contra las fuerzas oscuras de una derecha infiltrada en las instituciones y en los poderes del Estado. 

El elemento distintivo del año que comienza no será el modelo territorial o si habrá o no presupuestos. Tampoco comprobar si la propia inoperancia en la gestión del Gobierno abrirá la vía de la convocatoria de elecciones anticipadas. Ni siquiera saber si el Tribunal Constitucional se avendrá finalmente a amnistiar al prófugo Carles Puigdemont, o la propia evolución de las causas judiciales que salpican al Gobierno, al partido y al entorno familiar del propio jefe del Ejecutivo.

Todas esas circunstancias explican cómo afronta Sánchez el nuevo año político: como una extensión de los cinco días de 'reflexión' con que, a finales del pasado mes de abril, pergeñó un plan mediante el que logró la sumisión plena de su partido y probó de paso la solidez de los pilares de la Democracia para constatar, finalmente y muy a su pesar, que la fortaleza de la Corona y los jueces han sido los únicos contrapesos capaces de conjurar su veleidad de tomar el Estado por asalto.

"Ningún país razonable acepta como normal la imposibilidad metafísica de gobernar, como tampoco asume como natural el hecho de que el destino político de un país dependa de la voluntad y los intereses de un prófugo de la Justicia de ese país como es Puigdemont"

Las crisis común que afecta a las democracias liberales europeas tiene aspectos diferenciales en España, que el exsecretario de los socialisas vascos Nicolás Redondo Terreros identifica con el hecho de tener un Gobierno que no ejerce, con "una legislatura que era imposible ayer, lo es hoy y lo seguirá siendo mañana". Para el exdirigente del PSE, expulsado del partido, "ningún país razonable acepta como normal la imposibilidad metafísica de gobernar, como tampoco asume como natural el hecho de que el destino político de un país dependa de la voluntad y los intereses de un prófugo de la Justicia de ese país como es Puigdemont".

La incertidumbre ante la opción de que el cupo independentista para Cataluña acabe por materializarse en 2025 añade, apunta el exdirigente socialista, una vuelta de tuerca a la "manifiesta devaluación de la legitimidad institucional" operada por un Ejecutivo "atrincherado contra dos actores públicos imprescindibles: los medios de comunicación y la Justicia".

"Un Gobierno que se defiende atacando las instituciones"

La conflictividad política parte, según Redondo, de la propia debilidad institucional provocada por el desgaste mediante una ofensiva sin cuartel desde La Moncloa. "La propia Transición y la Constitución en que quedó plasmado el espíritu de aquélla han definido para bien y para mal la salud de nuestras instituciones, que solo han demostrado funcionar a partir de los grandes consensos entre las fuerzas mayoritarias". El desmoronamiento de los contrapesos, por tanto, se explicaría por la incapacidad de los dos grandes partidos de alcanzar acuerdos. "¿Pero qué acuerdos se pueden lograr -se pregunta- si nos encontramos con un Gobierno que se defiende atacando las instituciones?".

La eclosión de la trama Koldo, primero, junto a los causas juduciales que implican a Begoña Gómez y al hermano del presidente del Gobierno han confluido con un nuevo tiempo en las relaciones del Ejecutivo y unos socios parlamentarios que han refinado su forma de estrangular la acción de gobierno para acompasarla un poco más a sus intereses particulares. La actitud del gabinete de Sánchez ha sido reactiva tanto en el ámbito de la judicatura como en el legislativo: "Son demasiadas las declaraciones contra los jueces procedentes de miembros del Gobierno, y esa reiteración lleva a concluir que el enfrentamiento con la Justicia es real", explica Redondo. 

En el ruedo parlamentario, los socialistas han acumulado en este año que concluye medio centenar de derrotas en el Hemiciclo, una cifra que explica, pero no justifica, el recurso a la vía del decreto-ley, práctica que de paso ha situado a las Cortes al borde de la irrelevancia.

La anomalía abierta con aquella espantada de Sánchez en abril "ha tenido su correlato en el último congreso federal del PSOE, donde no hay que olvidar que acabó celebrándose la corrupción"

Aquella inédita reflexión de abril supuso el despliegue de un plan de acción que el politólogo y columnista Javier Redondo, coautor de 'La democracia después del populismo' (Tecnos), compara con la "termita populista": una estrategia deliberada que "Sánchez tuvo delegada en la figura del Pablo Iglesias vicepresidente y que durante 2024 ha acabado asumiendo en primerísima persona". Para el también profesor de la Universidad Francisco de Vitoria, "los innegables problemas de Francia y Alemania se van solventando porque hay liderazgos, aunque sean erráticos, como el de Macron, o limitados, como el de Scholz. Pero liderazgos al fin y al cabo. Aquí no. En el caso de Sánchez, se trata de una transformación deliberada de su proyección como estadista en una opción que va más allá de la política, en una declaración de intenciones personal cuyos principios estaban ya larvados en su espantada de abril, que ha tenido su correlato en el último congreso federal del PSOE, donde no hay que olvidar que acabó celebrándose la corrupción".

La beligerancia obtiene recompensa (Óscar Puente) con Sánchez, pero de forma invariable la estrategia de elevar el tono se ha topado con el dique judicial: los ataques a Peinado no han servido para distraer al juez de sus obligaciones, el fiscal general está hoy imputado y las maniobras del ministro de Justicia de colonizar el CGPJ y el Supremo han fracasado. Toca encomendarse a Franco.

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