El auto de la Audiencia Nacional que ha imputado a Rodrigo Rato, Ángel Acebes y José Luis Olivas por el escándalo de Bankia ha abierto una gran preocupación entre los reguladores del mercado, según fuentes de la CNMV y el Banco de España consultadas por Vozpópuli.
El juez Andreu insinúa en su auto la falta de diligencia e incluso la connivencia en algunas ocasiones de los organismos reguladores a los que ha citado a declarar en calidad de testigos. Por ese motivo llama a declarar también al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández-Ordóñez y al presidente de la CNMV, Julio Segura, así como a los representantes del FROB. A todos ellos les ha remitido un oficio en el que les reclama abundante documentación para evaluar su grado de conocimiento de la quiebra de Bankia y su papel en la misma.
Carga contra el Banco de España
El auto carga contra la diligencia que deberían haber ejercido tanto el Banco de España como el FROB en cuanto a las remuneraciones repartidas en BFA-Bankia. Según detalla, Rodrigo Rato que cifra en 2.184.000 euros o la de Manuel Lagares, director general de BFA, al que acusa de “cobrar en apenas dos meses y medio de trabajo 185.000 euros” pese a la situación de la entidad.
Carga contra la CNMV
De igual modo, el juez Andreu carga contra la CNMV a la que prácticamente acusa de falta de diligencia. La actuación del regulador bursátil, asegura el juez Andreu, “causa cierto estupor” ya que la CNMV permitió que “una sociedad de reciente creación, que carece de cuentas consolidadas debidamente auditadas” saliera a bolsa.
Al regulador bursátil le reprocha también que no hiciera sonar las alarmas tras la intervención del Banco de Valencia. “Curiosamente no llevó a ningún tipo de reflexión o medida”, afirma el magistrado, que reprocha que simplemente se trasladó a la CNMV que “no tendría un ‘impacto significativo’ en su solvencia”.
Esa falta de diligencia continua a día de hoy, según el juez, que reprocha a los reguladores que no hayan retirado a Rodrigo Rato de sus cargos.
El auto solicita a UPyD una fianza de 20.000 para continuar adelante con la causa y concluye con una defensa cerrada de los accionistas que invirtieron en Bankia con una serie de preguntas retóricas.
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