El Gobierno ha atado el apoyo de Ciudadanos a la reforma laboral. Y lo ha hecho gracias a una negociación entre el área socialista del Ejecutivo y la formación naranja. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y el portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal, han mantenido "varias conversaciones a lo largo de los últimos días" tras constatar el fracaso de Yolanda Díaz por retener a sus socios separatistas vascos y catalanes, según ha sabido Vozpópuli de fuentes conocedoras de este diálogo.
El compromiso entre las dos partes es "no tocar" el acuerdo que pactaron los sindicatos y la patronal de empresarios en el seno del diálogo social. "La única condición es no ceder en nada al chantaje nacionalista", dicen fuentes de la formación liberal a este diario. "Parece que ésa es la intención del Gobierno también. Al menos, del ala socialista".
El diálogo entre Gobierno y Ciudadanos, eso sí, solo se ha producido a nivel PSOE. Además de Bolaños, Edmundo Bal ha estado en permanente contacto con el portavoz del Grupo Socialista en el Congreso, Héctor Gómez. No ha existido comunicación alguna entre Ciudadanos y Podemos, socio de coalición del PSOE. La propia Díaz se ha empeñado estas semanas en salvar el apoyo de EH Bildu o ERC. Pero ambos han dejado claro este jueves en un manifiesto conjunto que "no" respaldarán la reforma tal y como está porque no es una "derogación" de la ley del PP del 2012.
Las cuentas de la reforma laboral
Ni La Moncloa, ni Ciudadanos quieren, de momento, anunciar oficialmente el acuerdo. Bolaños ha repetido que dialogará de forma discreta con "todas las fuerzas políticas". Y el partido naranja todavía recuerda lo ocurrido en los Presupuestos del 2020. El pacto Gobierno-Ciudadanos parecía cerrado, pero acabó viniéndose abajo. Fuentes de la formación liberal no descartan que algún socio del Ejecutivo rebaje sus pretensiones a última hora con tal de presionar a Inés Arrimadas.
Sin embargo, el paso que Bildu, ERC y otros grupos como el BNG han dado este jueves en contra de la propuesta del Gobierno parece irreversible. Las demandas que han puesto encima de la mesa son inasumibles para la CEOE, que se descolgaría del acuerdo. Podemos, por su parte, busca desesperadamente recuperar esos apoyos. Y la propia Díaz ha dicho en público que no quiere el respaldo de Ciudadanos bajo ningún concepto.
Las cuentas de la votación del decreto, que se producirá en los próximos días, están claras. Y el Gobierno no necesita en este momento ni a ERC, ni a Bildu y ni siquiera al PNV, si se mantiene en el no. El apoyo de los 154 diputados de la coalición -falta el escaño de Alberto Rodríguez- y los nueve de Ciudadanos garantizan 163 síes. A partir de ahí, se cuenta con el apoyo o al menos la abstención de Teruel Existe, Coalición Canaria, Nueva Canarias, los regionalistas cántabros, Más País, Compromís y UPN. También están los cuatro diputados del PDeCAT, que aseguran "no haber fijado posición" pero que parecen lejos de posicionarse en contra.
Traspié de Podemos, éxito del PSOE
Esta suma de "no bloqueo" es de 175 diputados frente a un máximo de 173 noes. "Estas cuentas hacen que, al menos, los socialistas estén tranquilos. Y no se planteen hacer cesiones", señalan fuentes parlamentarias a Vozpópuli.
Para Podemos, el apoyo de Ciudadanos a la reforma laboral es un problema, sobre todo porque su voto afirmativo resulta determinante en la geometría del Parlamento. Uno de los objetivos que se marcó el partido morado al entrar en el Ejecutivo es "arrastrar", si se quiere, al PSOE hacia la izquierda. Y en estos dos años de legislatura ha conseguido orientar hacia esa mayoría todas las leyes económicas importantes: desde Presupuestos a Vivienda.
La reforma laboral sería el primer traspié en esta estrategia en caso de que el partido de Inés Arrimadas se convierta en un actos determinante en la votación. Y "no es uno cualquiera", según estas fuentes. El acuerdo de coalición recoge la derogación de la reforma laboral del PP. Pero el consenso de analistas y economistas es que las modificaciones introducidas no son sustanciales. Y que no hay un "volantazo" con respecto a la normativa aprobada por el PP en el 2012.
