Este lunes marcó la entrada en vigor de una de las normativas más polémicas del año para el sector turístico: la norma Marlaska, que obliga a los profesionales del sector a registrar hasta 42 datos personales de los turistas y compartirlos con las fuerzas de seguridad del Estado. Sin embargo, el primer día de su aplicación ha estado marcado por el caos tecnológico y una ola de críticas que han subrayado los problemas que los expertos ya habían anticipado durante meses. A pesar de que ya venían avisando de problemas con la página en las últimas semanas.

La página web habilitada por el Ministerio del Interior, la plataforma encargada de recopilar y procesar estos datos, ha sufrido constantes caídas desde primera hora de la mañana, lo que ha imposibilitado que los hoteles, agencias de viajes y empresas de alquiler de vehículos puedan cumplir con la normativa. Este colapso en la infraestructura digital no solo ha provocado un trastorno inmediato en el sector, sino que también ha generado un rechazo aún mayor hacia la medida, ya de por sí ampliamente criticada.

La implementación fallida del registro turístico

La creación de esta plataforma, que según el gobierno era una solución para modernizar el sistema de control de datos turísticos, comenzó a ser promovida por el Ministerio del Interior hace meses. La idea era consolidar y actualizar un registro que data de 1959, un sistema que se había quedado obsoleto para responder a las necesidades de seguridad y control de los flujos turísticos modernos. Sin embargo, a medida que la fecha de implementación se acercaba, la falta de información y la deficiencia tecnológica se convirtieron en una constante preocupación para los profesionales del sector.

En las semanas previas a su entrada en vigor, las voces de alarma entre los profesionales del turismo se multiplicaron. Las críticas se centraban principalmente en el elevado número de datos personales exigidos, que incluían desde información básica como el nombre y la nacionalidad de los turistas, hasta datos bancarios, métodos de pago, e incluso la relación de parentesco entre los viajeros. Para muchos, esta recopilación de información se veía como una invasión a la privacidad y una carga administrativa desproporcionada.

A pesar de estas advertencias, el Gobierno no pareció escuchar las preocupaciones del sector. Y cuando finalmente llegó este lunes, la plataforma colapsó, dejando a los profesionales sin poder cumplir con la normativa. Desde primera hora de la mañana, la página web ha estado caída repetidamente, lo que ha paralizado el proceso de registro de los datos exigidos.

El rechazo unánime del sector

El descontento del sector turístico con el 'Gran Hermano turístico' de Marlaska es total. El problema no es solo la carga administrativa y la invasión a la privacidad de los turistas, sino también la falta de preparación para implementar una medida tan ambiciosa. Las pequeñas y medianas empresas, en particular, se encuentran con dificultades para adaptarse a esta nueva normativa, ya que la falta de directrices claras por parte del Ministerio ha dejado al sector a ciegas, temeroso de incurrir en errores que puedan resultar en multas de hasta 30.000 euros.

Agustín Almodóbar, portavoz de Turismo del Partido Popular, se ha mostrado especialmente crítico con el momento elegido para la implementación de la medida. “El sector está más unido que nunca frente a esta medida que parece diseñada para perjudicar el desempeño en una época crucial para el turismo, como lo es la temporada navideña”, ha asegurado. Según él, el turismo español enfrenta ahora una doble crisis: los turistas podrían sentirse incómodos al tener que proporcionar una gran cantidad de datos sensibles, y los empresarios del sector enfrentan una carga administrativa excesiva.

El malestar del sector no se limita a las grandes empresas. Las agencias de viajes independientes y los pequeños alojamientos han señalado que no están preparados para implementar el sistema, ni cuentan con los recursos suficientes para garantizar la seguridad de la información almacenada. Expertos en ciberseguridad ya han alertado sobre el riesgo de hacer de los sistemas de estas empresas objetivos atractivos para los hackers, dado el volumen de datos sensibles que deberán manejar.

La percepción internacional y los riesgos para el turismo

Una de las mayores preocupaciones que ha generado la nueva norma es el impacto que tendrá en la imagen de España como destino turístico. A nivel internacional, la medida ya ha sido apodada el “Gran Hermano Turístico” por algunos medios de comunicación, en referencia al sistema de vigilancia total de la obra distópica de George Orwell. Esta percepción de control excesivo podría tener un impacto negativo en la afluencia de turistas, especialmente aquellos provenientes de países en los que las leyes de protección de datos son más estrictas.

El temor de que los turistas se sientan incómodos al proporcionar datos personales adicionales en sus registros de alojamiento o alquiler de vehículos es real. “Las personas van a empezar a pensar que España es un país que pone demasiadas barreras para el turista, un país donde no se respeta su privacidad”, comentó Demetrio Domínguez, presidente de la Asociación Riojana de Hoteles. “Pedir datos innecesarios como la relación de parentesco o detalles bancarios es un sinsentido. No aporta seguridad real y solo complica el registro”.

Lo que ha resultado más sorprendente es la falta de diálogo entre el Gobierno y el sector turístico. A pesar de que las asociaciones del sector han solicitado reuniones con las autoridades y una normativa más clara, las respuestas han sido escasas y poco satisfactorias. La normativa se aprobó sin tener en cuenta las peticiones del sector, que ya había advertido de las complicaciones que esta traería.

“Se ha ignorado completamente al Parlamento y al Senado, donde se aprobó paralizar la medida. Es un atropello democrático y un desprecio al sector que representa más del 12% del PIB del país”, denunció Almodóbar. Para los profesionales del turismo, esta falta de comunicación con las autoridades es uno de los principales problemas. Se sienten despojados de una voz en la creación de políticas que afectan profundamente a su actividad.

Además, la confusión que ha generado la nueva normativa ha dejado una gran incertidumbre sobre los procedimientos operativos. Muchos profesionales se preguntan si un cliente que reserva a través de plataformas como Booking tendrá que proporcionar nuevamente sus datos al llegar al hotel. Este tipo de dudas no solo alarga el proceso de registro, sino que también añade un nivel de complejidad innecesario a una industria que ya lidia con numerosos desafíos administrativos.

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