La 'Operación Edu', la investigación que ha destapado el millonario fraude en los cursos de formación de la Junta de Andalucía, se ha encontrado con un obstáculo inesperado: la descoordinación. Dos cuerpos policiales, 18 juzgados y ocho fiscalías diferentes intervienen en las pesquisas que deben tirar de la manta del que puede ser el mayor fraude conocido hasta ahora en España por las millonarias cifras que se manejan. Demasiados actores en unas actuaciones en las que uno de ellos, la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, irrumpió a finales de la semana pasada con una auto que ha levantado ampollas y, sobre todo, sacado a la luz graves errores de coordinación en el Ministerio del Interior y en la propia Administración de Justicia.
La UDEF investigaba de abajo a arriba. La UCO, de arriba a abajo. El primer roce se produjo en agosto, cuando la Policía detuvo a un exconsejero andaluz también seguido por la Guardia Civil
En dicho escrito, la magistrada ordenaba a la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía dejar de investigar los cursos de formación de la Junta y la acusaba de haber entorpecido las pesquisas que, bajo su dirección, estaba realizando la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El escrito destacaba explícitamente como epicentro de este 'choque' la detención el pasado agosto del exconsejero de la Junta de Andalucía Ángel Ojeda Avilés por parte de la UDEF dentro de la 'Operación Óscar', una de las piezas desgajadas del 'caso Edu'. Alaya destacaba que el Instituto armado, bajo su dirección, también seguía la pista a este político, quien con una compleja trama empresarial había acaparado adjudicaciones para impartir cursos de formación para parados y, con ello, millonarios beneficios. La juez aseguraba que aquel arresto había tenido "consecuencias indeseables de pérdida de oportunidad, de dispersión de documentación, y de actuación inadecuada difícilmente recuperable, todo lo cual pone en peligro serio la presente investigación y su éxito".
El escrito cayó como una bomba en el seno de la Policía, donde no se olvida que la juez Alaya la expulsó de la investigación del célebre 'caso de los ERE' para poner éste en manos, precisamente, de la Guardia Civil. Fuentes de la dirección general que encabeza Ignacio Cosidó han reconocido a este diario que pretenden recurrir en los próximos días la decisión de la magistrada para que sea la UDEF la que continúe con unas pesquisas a la que un grupo de esta unidad han dedicado cerca de dos años de trabajo. Entre los argumentos que esgrimirá se encuentra, precisamente, que cuando comunicaron que estaban tras los pasos del exconsejero andaluz Ojeda al Centro de Inteligencia contra el Crimen Organizado (CICO, el órgano del Ministerio del Interior encargado de coordinar las pesquisas de los diferentes cuerpos policiales para que no se produzcan, precisamente, situaciones como la actual), en ningún momento se les comunicó que también lo estuviera haciendo la Guardia Civil.
Estrategia diferentes
Lo cierto es que hasta la detención de Ojeda el pasado verano, las investigaciones de ambos cuerpos parecían no haberse interferido. De hecho, ambos cuerpos policiales llevaban estrategias tan diferentes que hasta ese momento no habían coincidido. Por un lado, la UDEF había comenzado, literalmente, por la base del fraude: los alumnos que supuestamente habían recibido los cursos y que detallaban numerosas irregularidades cuando eran interrogados. De ahí, habían pasado a los profesores o tutores de estas enseñanzas y, finalmente, al arresto de los empresarios que los impartieron. En la primera fase del operativo, desarrollado únicamente en la provincia de Málaga y sobre una única adjudicación de estos cursos, la Policía había terminado arrestando a 42 personas. Hace dos semanas había iniciado la segunda fase en siete provincias y comenzado a interrogar a más de 3.000 alumnos.
Las investigaciones de Policía y Guardia Civil eran aireadas por los medios de comunicación pero nadie en Interior ha movido hasta ahora un dedo para coordinar sus esfuerzos
Por su parte, la UCO, de la mano de la juez Alaya, había empezado por la cabeza de la trama, es decir, la localización e identificación de los supuestos funcionarios y responsables políticos de la Junta de Andalucía que durante años habían permitido el fraude. Para ello, había pedido directamente al Gobierno de Susana Díaz toda la información de estos cursos que tuviera en su poder y, más en concreto, los expedientes que habían desembocado en las adjudicaciones de las subvenciones para impartirlos. Millones de folios que habían terminado colapsando los servidores del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía cuando se digitalizaron. Sus pesquisas iban dirigidas, claramente, hacia los cargos políticos que habían urdido un sistema que alentaba una corrupción que, a la vista de lo conocido hasta ahora, parece totalmente generalizada. En pocas palabras, la Guardia Civil iba de arriba a abajo. La Policía, de abajo a arriba.
Unas estrategias que antes o después iban a converger y que, además, eran aireadas por los medios de comunicación que en los últimos meses habían informado reiteradamente de los avances de una y otra investigación. Todos sabían lo que hacían UDEF y UCO, salvo en el Ministerio del Interior y en el CICO, donde nadie pareció darse cuenta de que se encontraban en la antesala de un conflicto entre Policía y Guardia Civil. Fuentes de ambos cuerpos policiales reconocían a este diario que concocían lo que estaban haciendo los otros, pero recalcaban que ninguno de los responsables del departamento de Jorge Fernández Díaz que deben coordinar la actuación de ambos se puso en contacto con ellos para ponerlos a trabajar de manera conjunta. "Al final ha pasado lo que nunca debía haber pasado: que parezca que nos enfrentamos los agentes que investigamos cuando el error viene de arriba", señala a este diario uno de los agentes que participa directamente en las pesquisas que insiste que "no es un caso de rivalidad mal entendida, sino de descoordinación". Desde el otro lado se tiene una opinión similar, y añaden que "al final, los únicos que ganan de todo esto son los delincuentes que han cometido el fraude".
Diecisiete jueces y Mercedes Alaya
Si la descoordinación en el Ministerio del Interior ha sido manifiesta en este caso, no menos lo ha sido la de la Justicia. En estos momentos, hasta 18 juzgados de Andalucía tienen abiertas diligencias de investigación sobre el fraude en los cursos para parados y con líneas de actuación que, en algunos casos, ya han colisionado. El principal foco de discrepancias lo protagoniza, precisamente, Mercedes Alaya. La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla lleva meses intentando acaparar todas las investigaciones en curso en esta comunidad autónoma con el argumento de que fue ella la que abrió la primera causa y que todas están conectadas. A punto de concluir el 'caso de los ERE', la magistrada parece dispuesta a toda costa a protagonizar una nueva macrocausa mediática.
En los juzgados también hay roces por el 'caso Edu'. Alaya aspira a investigar en exclusiva el fraude. La Fiscalía apuesta por numerosas microcausas antes que un macrosumario
Dos colegas ya han manifestado su intención de inhibirse en favor de ella, a la espera de que se resuelvan los recursos interpuestos por imputados en estas causas que se resisten a que sus casos caigan en manos de la polémica magistrada del 'caso de los ERE'. Por el contrario, al menos otro, en este caso el titular del Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga, José María Escribano, que fue el primero que judicializó la 'Operación Edu', ha manifestado su intención de seguir adelante con sus pesquisas ya que considera que no están relacionadas con las de su colega sevillana.
En medio, la Fiscalía, que es el único órgano judicial que ha hecho ademán de coordinarse en todo este caso con una reunión de los máximos responsables del Ministerio Público en las ocho provincias andaluzas celebrada a principios de octubre en Lanjarón (Granada) para “unificar” criterios de actuación en este caso e impedir que los sumarios se enreden y terminen perpetuándose en los juzgados. En dicho encuentro, los representantes del Ministerio Público, presididos por el fiscal General de Andalucía, Jesús García Calderón, acordaron mantener las investigaciones independientes unas de otras con el principal argumento de que cada una de ellas está en una fase distinta de investigación y acumularlas en una sola perjudicaría al conjunto. De este modo apostaban claramente por numerosas microcausas antes que por un nuevo macrosumario.
Una posición en la que, sin embargo, también parecen tener opositores dentro de la institución. En este caso la del fiscal en Sevilla, Fernando Soto Patiño, claramente alineado con la juez Alaya. Soto Patiño tiene paralizado precisamente en Sevilla el inicio de las pesquisas en esta provincia de la segunda fase de la 'Operación Edu' pese a que ya hay un magistrado encargado de la causa. Eso sí, éste no es la juez del 'caso de los ERE', sino el titular del Juzgado de Instrucción número 16, Juan Gutiérrez Casillas. De este modo, Sevilla es la única de las ocho provincias andaluzas en la que aún no se han iniciado los interrogatorios. Otra descoordinación que añade lastre a la 'Operación Edu'.
