Todo estaba preparado para que los 450 “no sés” o “no recuerdos” que la infanta pronunció cuando se sentó en el banquillo quedaran entre cuatro paredes. Sólo había dos cámaras estáticas en la sala en la que la hija del rey respondía al juez: una para videoconferencias y otra de la que sólo disponía el magistrado. Para evitar la imagen de una infanta ante la Justicia, el tribunal tomó medidas extraordinarias: cerró la sala con llave el día anterior, cambió “los bombines de la cerradura para que no pudiera acceder ninguna persona ajena” e incluso se hizo un “barrido con inhibidores de frecuencia”, según refleja la investigación interna llevada a cabo por el juzgado de instrucción 11 de Palma.
"Ambos letrados acudieron a la diligencia judicial con la única intención de grabar clandestinamente la declaración, concluye la investigación
Todas esas medidas fueron burladas por una abogada que se enfrenta ahora a una acusación de desobediencia y a ser apartada del ejercicio del derecho. Su nombre es María del Carmen Jiménez y junto a ella, está imputado su compañero de bufete Francisco Carvajal. Según la reconstrucción que han hecho los investigadores, “ambos letrados acudieron a la diligencia judicial con la única intención de grabar clandestinamente la declaración” y “diseñaron un plan con el fin de dificultar la delimitación de las acciones imputables a uno u otro”.
A las 8 de la mañana, ambos llegaban al tribunal. Eran “los primeros letrados en llegar a las dependencias judiciales el día de la declaración”. La letrada llevaba un pequeño reloj negro de pulsera al cruzar el escáner y los controles extraordinarios fijados aquel día, según captaron las imágenes de su llegada. Sin embargo, cuando comenzaba la vista en su pulsera había otro aparato, mayor que llegó a quitarse y a “sostener con la mano por encima del banco delantero”. Se trataba de un “reloj de sport con correa negra de caucho” y “tamaño de caballero o tamaño XL” –describe el juzgado—dentro del que había una cámara que sirvió para espiar a la hermana del rey. A las 9:58, dos minutos antes de la hora prevista, comenzaba la grabación.
Esa cámara se depositó hasta las 11 de la mañana detrás del respaldo del segundo banco. El ángulo de la grabación coincide con la posición número 13 en el tribunal que había dejado vacía el abogado imputado Francisco Carvajal y junto al que se sentaba la acusada María del Carmen Jiménez. Algunos movimientos de cámara sugieren que su compañero de bufete se levantó del sillón 13 para permitirle que grabara desde otra posición para evitar sospechas. La investigación concluye tal y como adelantó Vozópuli hace un año que fue ella la responsable y que la "sra. Jiménez sería la autora de la grabación" porque en plano se llega a captar "una prenda de color beige que portaba y que había previamente colocado en el respaldo del banco de delante". Además, concluye la investigación, "el señor Carbajal no llevaba reloj lo que dificulta más si cabe que pueda ser el autor de las grabaciones efectuadas", aunque sí pudo grabar algunos planos a partir del minuto número 13.
Posible suspensión de la carrera
Los abogados investigados se enfrentan a una pena de hasta 4 años de inhabilitación que puede incluso suponerles la retirada de la abogacía, según detallan los artículos 757 y 779 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Sin embargo, la investigación no especifica si cobraron ni cuánto por vender unas imágenes que dieron la vuelta a España y que sirvieron para difundir la creación de un nuevo portal de vídeos por internet. Su condena puede llegar antes de que empiece el juicio a la propia infanta, señalan fuentes de la causa.
La condena a los abogados puede llegar antes que el juicio a la infanta
A cambio, esa investigación sí ha servido para exonerar a los empleados del tribunal, entre los que se cita a la llamada “señora Bergas”, una funcionaria con 30 años de servicio, y del “señor Hazañas” también presente en la sala. “Ningún funcionario es tan osado o atrevido como para efectuar una grabación como esa”, concluye.
