Una hora, siete minutos y treinta segundos. Ese es el tiempo que estuvo declarando ante el juez Eloy Velasco como testigo María José Gutierrez Martínez, una ingeniera informática que trabajaba para EICO Online Reputation Management SL, la empresa con la que ofertaba sus servicios a los políticos el 'conseguidor' de la trama Púnica, Alejandro de Pedro. En esos poco más de 67 minutos de intenso interrogatorio por parte del magistrado y la Fiscalía Anticorrupción, las respuestas de esta mujer echaron por tierra la coartada esgrimida hasta ahora por altos cargos del Gobierno de la Comunidad de Madrid para justificar los miles de euros de dinero público que todos los meses pagaban a esta sociedad de la red de corrupción. Según esta trabajadora, las facturas que recogían supuestos trabajos de 'clipping' (resúmenes de prensa digital) ocultaban en realidad labores para minimizar en Internet las noticias negativas que se publicaban de varios cargos públicos del PP. Entre ellas, las referidas al ático en Marbella del presidente del gobierno regional, Ignacio González, y al cheque guardería que recibió su consejera de Educación, Lucía Figar. Estas últimas se convirtieron en "un hueso" a las que tuvieron que dedicar muchas horas, reconoció la testigo.
La empleada del 'conseguidor' citó como clientes de la Púnica a la Comunidad de Madrid, a ocho ayuntamientos del PP, a la fallecida Isabel Carrasco y a una consejería de Murcia
María José Gutiérrez, jefa del departamento de posicionamiento en web de la empresa del 'conseguidor', aseguró al magistrado que desde que se incorporó a la empresa en 2012 realizó numerosos trabajos para instituciones públicas y, sobre todo, para los políticos que ocupaban sus cargos. Así, junto al presidente de la Comunidad de Madrid y su titular de Educación, esta trabajadora de Alejandro de Pedro detalló que ella y sus compañeros también hicieron labores de 'reputación online' similares para los ayuntamientos madrileños de Majadahonda, Alcobendas, Valdemoro, Coslada y Collada Villalba, todos ellos gobernados por el PP, así como para la también 'popular' Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León que fue asesinada a tiros en mayo de 2014, y su sucesor, Marcos Martínez, detenido en la 'Operación Púnica'. La empresa también tuvo como clientes a alcaldes de otras provincias como la de Valencia, Rita Barberá; el de Gandía (Valencia), Arturo Torró, y la regidora de Cartagena (Murcia), Pilar Barreiro. En este último caso, la ingeniera aseguró que no llegó a empezar los trabajos porque una semana antes se produjeron las detenciones de la Operación Púnica que dejó inactiva la sociedad.
En todos los casos, su función era "contrarrestar noticias malas, neutralizarlas" para lo cual contaban con una red de más de 60 periódicos digitales 'zombies' creados desde otra empresa del 'conseguidor', Madiva Editorial y Publicidad SL, en los que se publicaban informaciones positivas sobre estos cargos públicos para así poder desplazar de la primera página de los buscadores las negativas de los mismos. Fue el caso del ático de Marbella de Ignacio González, pero también las numerosas imputaciones que recaían sobre Isabel Carrasco o el polémico cobro por parte de Lucía Figar de un cheque guardería de su propia consejería para su hija pequeña. Minimizar esta última fue, según el testimonio de la trabajadora de EICO, "uno de nuestros huesos porque no podíamos bajarla". Por ello, la trabajadora aseguró que tuvieron que dedicarle varias horas a la semana durante diferentes meses. "No puede desaparecer en web. Lo único que haces es generar mucho contenido [positivo] e intentar que este otro contenido coja más fuerza para que ese baje", explicó a preguntas de Anticorrupción.
"Empujar hacia abajo"
Buena parte del interrogatorio versó, precisamente, sobre los trabajos realizados para el posicionamiento en Internet de noticias favorables a Lucía Figar. Una labor que en un primer momento la empleada del 'conseguidor' intentó amortiguar hablando de informes genéricos para la institución y el cargo, y no para la persona. Finalmente, y después de que las fiscales le enseñaran varios informes elaborados por ella y sus compañeros en los que aparecían fotografías de la política 'popular' y le recordaran que tenía que decir la verdad en su condición de testigo, María José Gutiérrez admitió que su trabajo consistía "en empujar hacia abajo" en los buscadores de Internet las noticias negativas sobre la política, incluidos los vídeos que aparecieron en el popular canal Youtube. También fue interrogada por sus posibles contactos con el número 2 del Gobierno regional, Salvador Victoria, salpicado por el escándalo, y con la responsable de comunicación y actual jefa de campaña de Esperanza Aguirre, Isabel Gallego, ya imputada. Sin embargo, aseguró que nunca trató con ellos directamente aunque sí sabía que un colaborador de Gallego llamado Ignacio Gago era el encargado de hacer llegar a una compañera suya las notas de prensa con las que elaboraban las noticias para 'desplazar' las informaciones negativas sobre sus clientes.
El juez sospecha que el PP no pagó al 'conseguidor' su trabajo en las elecciones de 2011 y que, por ello, le compensaba con contratos en las administraciones que gobernaba
El juez Velasco también le preguntó por posibles trabajos para el Ayuntamiento de Madrid y, más en concreto, para la actual regidora, Ana Botella. La empleada del conseguidor' reconoció que en la empresa "se comentó que se iba a hacer, pero no he llegado a hacer nada". "¿Usted conocía que se les pagaban estos trabajos con fondos públicos?", le llegó a espetar entonces el magistrado, ante lo que la mujer se limitó a afirmar que ella no tenía conocimiento y que "me conformaba con cobrar". De hecho, al principio de su interrogatorio aseguró que su sueldo llegó a ser de 1.300 euros mensuales pero que en el verano de 2014 Alejandro de Pedro reunió a los trabajadores para informarles que tenía que reducirles la nómina un 15 por ciento por impagos de algunos clientes. "¿Les dijeron cuáles eran los que no pagaban?", inquirió el juez Velasco. "La Comunidad de Madrid", respondió ella. En otra fase de su declaración, el magistrado la preguntó si sabía que la empresa había hecho trabajos de 'reputación online' para el PP en las elecciones de 2011 y que los impagos del partido por ellos habían llevado a las administraciones gobernadas por este partido a contratar a las mercantiles del 'conseguidor' para compensar. Ella se escudó en que no sabía nada de facturación ni de contratos, pero también en que su incorporación a la empresa fue un año más tarde de aquellos comicios ahora bajo sospecha.
