El ámbito de la negociación que mantienen sigilosamente los delegados de Mariano Rajoy y Artur Mas desde hace meses se limitan, por ahora, al ámbito de la fiscalidad. Al menos, por parte de Moncloa que ha cerrado toda posibilidad de acuerdo en torno a la celebración de un referéndum sobre el derecho a decidir en el que insiste con empeño el presidente de la Generalitat en sus declaraciones públicas, al objeto de apaciguar las permanentes reclamaciones de ERC.
Ayer mismo, Mas insistió nuevamente durante los actos de conmemoración del 11 de Septiembre, al asegurar que mantendrá el diálogo con Rajoy hasta el final para conseguir que se celebre el referéndum. La respuesta llegó por parte de la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría quien señaló que "lo peor que puede hacer un político es obligar a separarse".
Rajoy ha señalado muy claramente el ámbito del diálogo y así se lo hará saber a Mas en su carta de respuesta a la enviada desde la Generalitat el mes de julio. Nada fuera de la ley, nada fuera del marco constitucional, es el eje básico de esa misiva que aguardaba a ser remitida a que hubieran pasado las tensiones y el griterío de la Diada.
Diálogo fluido
En medio del Gobierno catalán se subraya el buen tono y la flexibilización en las posturas que han advertido últimamente por parte de los emisarios de Madrid. "Nada que ver con lo que ocurría hace un año, tras el portazo de Rajoy a Mas en su encuentro de la Moncloa". No hay, de momento, ningún tipo de avances. Pero el diálogo es fluido. Los representantes catalanes efectúan sus reclamaciones y aguardan la respuesta de Moncloa. Un toma y daca lento pero con visos de prosperar.
En fuentes del Gobierno se destaca la receptividad por parte de sus interlocutores cuando se abordan los asuntos económicos, principal problema de la Generalitat que se ha visto forzado a prorrogar los presupuestos ante la falta de apoyos parlamentarios para elaborar unos nuevos. Cataluña, con 50.000 millones de deuda, con enormes dificultades para alcanzar el ajuste fiscal exigido por el ministerio de Hacienda y con una cifra de paro en torno al 25 por ciento, se encuentra ante una de las situaciones económicas más complicadas de los últimos años.
La única solución estriba en llegar a alguna vía de acuerdo con el Gobierno central en el terreno de la financiación y los ingresos. Rechazado tajantemente el pacto fiscal que esgrimía en su momento Artur Mas, por ser estrictamente inconstitucional, se sondean ahora otras posibilidades en la negociación. Las alternativas son amplias, teniendo en cuenta que este año tiene que modificarse el sistema de financiación autonómica, un marco que permitiría determinadas modificaciones que satisfagan las demandas catalanas. El nivel del diálogo, por lo demás, es muy prosaico, muy a ras de caja registradora, totalmente alejado de la épica de la construcción de una nación y de los vergonzantes paralelismos con Martin Luther King que ha lanzado en los últimos tiempos del presidente de la Generalitat.
Reforma de la Constitución
En este sentido, fueron muy mal recibidas en el Gobierno las palabras pronunciadas el mares por el ministro de Exteriores, José Manuel García-Margallo, quien hizo referencia a la posibilidad de reformar el título VIII de la Constitución, algo que enerva a su buen amigo Mariano Rajoy, que no quiere ni oír hablar de abordar ningún tipo de modificaciones de la Carta Magna. También dijo Margallo, a título personal, que "hay que encajar los sistemas de financiación de todos los actores de la vida pública: la administración central, las comunidades autónomas, las corporaciones locales y la Seguridad Social". Es decir, según su teoría, todo está abierto. Tal planteamiento fue recibido con muy poco entusiasmo en Presidencia del Gobierno.
Respecto a las posibles modificaciones de índole impositiva o de financiación que se manejan ahora en las negociaciones Madrid-Barcelona, fuentes del equipo de la Generalitat recuerdan el mensaje lanzado por Artur Mas a Cristóbal Montoro en julio de este año cuando aseguró que "Cataluña está financiando al Estado Español desde muchos puntos de vista" y recordó que los catalanes "se están esforzando mucho, todos los días, pagando sus impuestos, tantos como 16.000 millones de euros que se van fuera de Cataluña y no vuelven".
Con la masiva movilización de ayer, Mas pretende ganar músculo en su pulso con sus interlocutores del PP. Pero en esta ocasión, y al margen del éxito o no de la gran cadena humana, las cosas no pintan como el pasado año para el dirigente de Convergencia. Entre otras cosas, porque tres importantes partidos catalanes, Unió, PSC e IU, que sí asistieron a la concentración de Paseo de Gracia, este año se han dado de baja. No han respaldado la colosal demostración de fuerza de la "Vía catalana" a la independencia. Y la democracia tiene sus leyes. No pesa ni decide el número de personas que se sacan en la calle. Lo que pesa son los votos en el Parlament.
