Desde la semana pasada, se encuentra disponible en Max 'Surveilled', un documental de HBO que sigue los pasos del periodista Ronan Farrow en sus pesquisas sobre el espionaje con el 'software' Pegasus. Tras el estreno del film, que aborda la supuesta "vigilancia masiva" por parte de España a líderes independentistas, la CNN se ha hecho eco de sus tesis y el separatismo se ha volcado en su promoción. En esta entrevista, el profesor e investigador del Departamento de Ciencia Política y Administración de la UNED José Javier Olivas —que ha investigado el 'Catalangate' desde 2022 en informes, capítulos y artículos de prensa— denuncia los agujeros de la cinta.
Pregunta. 'Surveilled' centra una parte sustancial de su metraje en el llamado 'Catalangate', cuya investigación por parte de Citizen Lab usted ha puesto en entredicho en un informe por su falta de rigor.
Respuesta. Efectivamente, como varios investigadores hemos demostrado, el informe 'Catalangate' no cumple con los estándares mínimos metodológicos y éticos para ser considerado un trabajo respetable. Sus hallazgos no son replicables ya que Citizen Lab se negó a especificar cuándo, dónde, cómo y quién realizó los análisis forenses digitales. Además, desaconsejaron a las presuntas víctimas que compartieran sus teléfonos con la policía y otros peritos. El informe intenta maximizar el número de víctimas mezclando los casos donde ellos confirmaron la infección con Pegasus, con otros donde simplemente sospechan que la hubo, intentos fallidos de infiltración y casos de ataques con otro 'software' espía, Candiru. El informe sobre el que se sostiene este documental infringe los principios básicos de análisis digital forense reconocidos internacionalmente ya que los miembros de Citizen Lab no respetaron ni documentaron la cadena de custodia de las pruebas, y permitieron que personas sin experiencia previa en análisis forense digital participaran en los análisis y manipulación de la evidencia.
Tampoco se plantearon diversas hipótesis de trabajo, más que la del espionaje ilegal por parte de España, ni se declararon los conflictos de interés políticos y económicos de los investigadores. Es importante recordar que algunos de los que colaboraron en los análisis eran presuntamente víctimas, como el coordinador del trabajo de campo, Elies Campo, o miembros de partidos que tenían un interés político en que se acusara a España de abusos.
P. Ronan Farrow relata el caso catalán de la mano del investigador Elies Campo. Sin embargo, de su biografía solo destaca que trabajó para Whatsapp y Telegram, obviando su pasado como activista secesionista. ¿Es una omisión baladí?
R. No es para nada baladí. Esta y otras de las flagrantes omisiones parecen tener como objetivo el manipular a la audiencia para que compre un relato claramente maniqueo. Casi todo lo relativo a Elies Campo en este caso resulta extraordinariamente inusual. ¿Cómo puede ser que una organización como Citizen Lab ponga a coordinar un proyecto tan delicado como éste a una persona que no tiene ninguna experiencia investigadora, ni título universitario oficial, como es el caso de Elies Campo? No sospecharon que podía tener algún interés cuando este les contactó y ofreció sus servicios. A poco que Citizen Lab hubiese indagado, habría descubierto la falta de cualificación de Campo para este trabajo y su implicación tan directa con el independentismo. ¿No les pareció extraño que justamente él resultase ser una de las víctimas? ¿Y como creer a alguien que, como Campo, decía que iba a contactar a sus antiguos compañeros en WhatsApp para verificar la credibilidad de las presuntas infecciones? ¿Acaso podían saltarse los acuerdos de confidencialidad y revelarle a información privada de usuarios atacados?
El argumento de Farrow y Citizen Lab es en esencia una gran teoría conspirativa que conviene al independentismo y perjudica la imagen de España y de sus instituciones
También recordar, que incluso su trabajo en Telegram está en entredicho. Un representante de Telegram, Remi Vaughn, rechazó a pregunta de varios periodistas que Elies Campo hubiese trabajado para esta compañía. Pero lo más grave es que, desde abril 2022, se sabe que Elies Campo estaba siendo investigado por la policía por su participación en la organización de Tsunami Democràtic.
P. En el film, Campo descubre ante las cámaras que el móvil del entonces eurodiputado de ERC Jordi Soler también se encuentra infectado. Y éste lo atribuye a que el Gobierno español quiere tener a los políticos secesionistas "bajo control". ¿Es una acusación con fundamento?
R. Más de la mitad de presuntas víctimas mencionadas en el informe 'Catalangate' estaban siendo investigadas por presunta participación en delitos. La mayoría de los informáticos que aparecen como “víctimas” están entre las personas que el CNI y la policía estaban monitoreando por su implicación en la elaboración de herramientas 'blockchain' para cifrar y coordinar de una forma anónima acciones de desobediencia civil, como Tsunami Democràtic, y creación de una república digital fuera del control del Estado. Otras “víctimas” estaban relacionadas con los servicios de inteligencia rusa, otras implicadas en el caso Voloh de malversación de fondos públicos, etcétera. Ciertamente se espera que las personas que se tiene constancia que puedan estar implicadas en actividad criminal deben estar bajo control del Estado.
Ahora bien, Jordi Soler no parece ser una de las personas que en teoría hubiese estado bajo vigilancia policial. Aunque cabría preguntarse cómo puede ser que, si la investigación del 'Catalangate' empezó en julio de 2020, solo se analizase su teléfono, o el de Jordi Sànchez, en marzo de 2022, un mes antes de que saliera publicado el informe y meses después de que registrasen la página web 'Catalangate'.
P. Farrow usa como prueba de la solidez de sus tesis que la directora del CNI fuese "despedida a raíz de la polémica". Pero, ¿es lo que demuestra aquel cese?
R. En realidad, no ha habido una explicación clara de por qué Paz Esteban fue cesada. El Gobierno en ningún momento ha reconocido el espionaje ilegal. Al contrario, han explicado que a varias de las personas que aparecen en el informe se les vigilaba con orden judicial. Tampoco confirmaron el uso de Pegasus en estos seguimientos. Existen otros programas espías al alcance del Gobierno. Otra explicación para el presunto cese puede ser la falla de seguridad que comprometió los teléfonos de Pedro Sánchez y de varios de sus ministros. Resulta curioso que el documental no haga referencia al presunto espionaje del que fueron objeto los miembros del Gobierno de España.
P. ¿Y no debería el documental haber entrevistado también a miembros del Gobierno o del CNI?
R. Desde luego, es muy extraño que solo se dé voz a la parte acusatoria y que no haya entrevista alguna con representantes del Gobierno o con expertos que hubiesen podido contextualizar las acusaciones y recordar al señor Farrow que las personas que él califica como víctimas estaban siendo objeto de investigaciones judiciales y por parte de los servicios de inteligencia. Claramente, lo que se pretende transmitir es un relato simplista de buenos y malos donde un estado opresor utiliza sin ningún tipo de control una herramienta dañina.
Sorprende que HBO, 'New Yorker' y la mayoría de periódicos dieran por buenas gravísimas acusaciones contra un gobierno democratico sin verificar la solidez de las pruebas aportadas
Resulta sorprendente que HBO, 'New Yorker' y la mayoría de los periódicos que cubrieron esta historia del 'Catalangate', tanto en 2022 como ahora, hayan dado por buenas estas gravísimas acusaciones contra un gobierno democrático, sin ni siquiera intentar verificar la solidez de las pruebas aportadas. En este caso, cualquiera que hubiese leído el informe habría detectado inmediatamente el evidente sesgo y sospechado de la falta de transparencia metodológica. Parte de la prensa es corresponsable de la difusión de esta campaña de desinformación conspirativa al no haber exigido a Citizen Lab y Farrow un mayor rigor en sus historias.
P. Uno de los golpes de efecto de la cinta tiene lugar cuando destapa que los familiares de Campo también han sido víctimas del supuesto espionaje. ¿Son conclusiones fiables?
R. Es difícil saber si verdaderamente los familiares de Elies Campo y de otros implicados fueron vigilados. Pegasus es un 'spyware' caro y cada seguimiento se paga. Además, en España, para poder pinchar un teléfono hay que justificarlo debidamente. ¿Pudo haber abuso por parte del Estado? Sí. Pero también se pudo plantar la evidencia, los IOCs o indicadores de compromiso, en los teléfonos por parte de los independentistas para así incrementar el número de presuntas víctimas y el impacto en la opinión pública.
P. El documental omite la documentada injerencia rusa en el 'procés' como forma de desestabilizar a España y la UE. ¿Hubiera sido pertinente hacerlo?
Existen conexiones más que evidentes entre muchas de sus víctimas y el Kremlin. Además, es importante recordar que Edward Snowden, que vive en Moscú y a quien Putin concedió la ciudadanía, estuvo presuntamente implicado en la campaña de desinformación rusa del referéndum de 2017, mantiene una relación muy estrecha tanto con Gonzalo Boye, quien aparentemente colaboró en la identificación de victimas de Pegasus, como con Ron Deibert, el director de Citizen Lab. Snowden promocionó el informe 'Catalangate' en redes.
Francia reaccionó enérgicamente a las acusaciones y Citizen Lab no se atrevió a lanzar contra ese país una campaña semejante
R. La película recrea el momento en el que el empresario y militante de Junts Joan Matamala, siguiendo indicaciones de Campo, envolvió en papel de plata su portátil para protegerlo del espionaje. Pero, teniendo en cuenta que Matamala era uno de los 18 líderes monotorizados legalmente por el CNI, ¿no representa ello un problema ético?
No solo ético, podría incluso ser un problema legal. Si Elies Campo y Citizen Lab asumían ya desde 2020 que las infecciones y pinchazos estaban siento llevadas a cabo por la policía, el impedir, a sabiendas, que las fuerzas y servicios de seguridad españolas pudiesen vigilar a Joan Matamala podría constituir un delito de obstrucción a las autoridades. En este caso, se ha sabido además que Joan Matamala estaba siendo investigado por orden judicial.
P. Farrow fue entrevistado la semana pasada en la CNN, donde puso de ejemplo a nuestro país como "democracia que se hunde" por el 'Catalangate'. Y el separatismo se coordinó en redes para promocionar el documental. ¿Cómo explica que desde el Gobierno no se haya reaccionado defendiendo la imagen de España?
R. El argumento de Farrow y Citizen Lab es en esencia una gran teoría conspirativa que conviene al independentismo y perjudica la imagen de España y de sus instituciones. Sinceramente, cuesta trabajo entender como el Gobierno de España no haya emitido ningún comunicado ni exigido ninguna rectificación por parte de HBO, Farrow o de los muchos medios internacionales que se han hecho eco del documental. Casi todos los pinchazos denunciados como ilegales en el informe de Citizen Lab se llevaron a cabo con Pedro Sánchez ya en Moncloa y con los mismos ministros que tenemos hoy en día de Interior y Defensa. La campaña de desinformación del 'Catalangate' ha causado un enorme daño reputacional a España y a sus fuerzas y cuerpos de seguridad desde que se lanzase en el verano de 2020.
Habiendo mucha documentación que prueba las burdas manipulaciones del informe 'Catalangate' y de los independentistas que han promocionado la campaña, ¿por qué guardar silencio mientras la imagen del país está siendo denigrada? ¿Por qué no dar indicación a los embajadores y cónsules para que intenten desmontar esos bulos y falacias que la prensa internacional transmite? Es difícil no pensar que los pactos con ERC y Puigdemont puedan tener algo que ver con la pasividad del Gobierno en este caso. Francia reaccionó enérgicamente a las acusaciones y Citizen Lab no se atrevió a lanzar contra ese país una campaña semejante.
