En las últimas semanas, una de las cuestiones en las que más hincapié ha hecho Junts es la de la gestión de la inmigración por parte de Cataluña. En su entrevista en 'prime time' en TV3, por ejemplo, Carles Puigdemont, citó este traspaso como uno los acuerdos con el PSOE pendientes de materializarse de mayor trascendencia. "Necesitamos ser los máximos responsables de toda la cadena de decisiones, desde el control de las fronteras hasta la propuesta de expulsión o de resolución para un permiso de larga duración", enfatizó Puigdemont. Y, pese a admitir algunas discrepancias en las negociaciones con los socialistas, reveló que éstas se encontraban "muy avanzadas". Un extremo confirmado por la televisión autonómica, que mantiene que los encuentros se han multiplicado en los últimos días.

La insistencia de Junts en esta cesión —que desvincula del apoyo a los presupuestos y sitúa como condición para no romper su relación con el PSOE— se explica por su carga identitaria. En primer lugar, los neocovergentes han admitido que las competencias en inmigración son claves para "construir la nación" catalana, pues pretenden ligar los "derechos inclusivos" de los inmigrantes al "obligado conocimiento del catalán" —tal y como desvelaban en su ponencia estratégica de octubre—. Por otra parte, si Junts logra arrancar finalmente esta cesión al PSOE —como todo parece indicar—, podría usarla para taponar una futura hemorragia de votos a Aliança Catalana, formación secesionista con la que se disputa el voto nativista y antinmigración de parte de la Cataluña interior.

Este último aspecto cobra bastante relevancia si se tiene en cuenta que, en realidad, la Generalitat ya dispone de amplias competencias en inmigración. En la actualidad, por ejemplo, el Govern se encarga de tramitar los informes de integración de los extranjeros sin papeles en Cataluña, los cuales son determinantes para que el Gobierno central les conceda luego el permiso de residencia. Y para salir bien parados en estos informes, que pueden ser favorables o desfavorables, los inmigrantes deben asistir a clases de catalán o acreditar su conocimiento de la realidad catalana. Asimismo, el Govern se ocupa de asesorar a los extranjeros en su tramitación del padrón, la inscripción en Educación o Sanidad o la solicitud de ayudas sociales.

Permisos iniciales de trabajo

A ello se le suma que en 2009 Cataluña consiguió el "traspaso en materia de autorizaciones iniciales de trabajo por cuenta propia o ajena de los extranjeros cuya relación laboral se desarrolle en Cataluña" (Real Decreto 1463/2009). Esto es, que la 'conselleria' de Trabajo y Empresa se encarga de gestionar los permisos preliminares para que los 'nouvinguts' accedan a un trabajo, si bien el marchamo definitivo sigue otorgándolo el Gobierno central. Por lo demás, y al margen de su aplicación real, el Estatut prevé la participación de la Generalitat en la decisión del Ejecutivo central sobre cuestiones de inmigración que tengan una "trascendencia especial" para esta comunidad (artículo 138.3).

Y por si estas competencias no fueran lo suficientemente holgadas, su perímetro prevé ampliarse, tal y como anunció Illa a mediados de este mes, con la incorporación de los Mossos d'Esquadra a la seguridad de puertos y aeropuertos —una manera de controlar 'de facto' las fronteras—. Aún queda por dilucidar, sin embargo, si la medida supondrá la expulsión de la Policía Nacional y la Guardia Civil o estos compartirán tareas junto a los Mossos.

Sobre este punto, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, siempre ha defendido que las fronteras son competencia exclusiva del Estado y, por tanto, no pueden transferirse. Sea como sea, la futura participación de la policía autonómica en puertos y aeropuertos desmiente en parte tal aserto. En 2025, descubriremos si el Gobierno, como con ocasión de otras cesiones al separatismo como los indultos o la amnistía, se verá obligado a rectificar.

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