La ministra de Educación, Isabel Celaá, quiso defenderse este viernes de las críticas recibidas a lo largo del verano por parte de asociaciones docentes, de padres de alumnos y del sector de la inspección educativa a cuenta de la vuelta a los colegios.
"Quiero decir que no se ha llegado tarde, se ha esperado al 27 de agosto para coger el termómetro sanitario y educativo el último momento de la pandemia, el más acercado, pero que llevamos trabajando mucho, desde marzo", justificó en una entrevista en El programa de verano un día después de que el Gobierno alcanzara un acuerdo con las comunidades autónomas con 29 medidas para el arranque de curso.
Sin embargo, sus palabras no convencen a los profesores y directores de los centros, que insisten en que el retorno a las aulas se ha dejado para el final y no ha sido un asunto prioritario a la hora de buscar medidas y soluciones para paliar los efectos de la pandemia en el ámbito educativo.
Ramón Izquierdo, secretario estatal de acción sindical de ANPE, lamenta la "tardanza" con la que los directores y profesores de los centros van conociendo las medidas de las autoridades educativas y sanitarias para un curso que empieza en una o dos semanas dependiendo de la comunidad autónoma.
"Claro que el Ministerio de Educación llega tarde. El acuerdo con las CCAA llega tan solo una semana antes de que empiecen las clases, pero es que además solo contiene generalidades con las que ya contábamos. Lo único más concreto es que los niños a partir de seis años tendrán que llevar mascarilla, pero se sigue sin concretar el número de alumnos por aula", advierte Izquierdo.
"Sin consenso sobre ratios, absentismo, enfermeras escolares..."
Para el representante de ANPE existen otros puntos sin concretar en el "acuerdo total" celebrado por Celáa. "Es normal que todas las comunidades hayan llegado a un consenso con el Gobierno porque las medidas son genéricas y recogen las propuestas que antes han ido haciendo ellas mismas. El Gobierno ha esperado a que vayan haciendo sus protocolos", apunta.
"Sin embargo, asuntos clave como las ratios, la contratación de profesores, los protocolos para abordar el absentismo que se puede dar o la estrategia para actuar frente los contagios no aparecen de forma concreta en el documento", añade.
Izquierdo se pregunta cómo tiene que actuar un profesor o un director en caso de que un niño presente síntomas compatibles con el coronavirus. "Tampoco se ha consensuado qué perfil ocupará el puesto de 'coordinador covid-19', ¿será un profesional sanitario o será un profesor?", se pregunta.
Además, desde ANPE dudan de la efectividad del plan del Gobierno, que no contempla el cierre de los centros salvo en caso de que los contagios sean "descontrolados". "¿Qué se entiende por 'descontrol'? Los centros deberían disponer de esa información?", plantea. Y propone que las administraciones implanten la figura de la enfermera escolar en los centros.
Retos para los equipos directivos
El secretario de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (CCOO), Francisco García, celebra la parte "sanitaria" de acuerdo, pero asegura que en lo referente a las medidas educativas el documento consensuado este jueves supone una "enorme frustración para el profesorado y la comunidad educativa".
"La clave es la ratio. No hay número de alumnos mínimo por clase y fijado para todo el conjunto del Estado. Pedimos 15 alumnos por aula en segundo ciclo de Infantil y 20 para el resto de etapas con el contrato de más profesores que sean necesarios para ello", explica García.
Explica que "el haber esperado tanto" para lanzar medidas organizativas "gravita sobre el inicio de curso". "Los equipos directivos tienen que volver a programar todo el inicio de curso. Dejaron los horarios cerrados en julio con los cupos de profesores que tenían y ahora tienen volver a organizar todo sin conocer medidas concretas porque todavía hay una enorme indefinición con respecto a muchos temas", explica.
La Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE) explica que "todas estas decisiones se podían haber tomado antes y con mejor coordinación entre administraciones". "Los profesores y los colegios tienen planes y protocolos preparados desde hace tiempo, y en estos días los están adaptando a las últimas instrucciones de las autoridades sanitarias y educativas", sostienen.
Según CECE "hay que trabajar todos conjuntamente para que las escuelas sean un ámbito seguro y no se resientan los ritmos de aprendizaje".
"La situación de los centros presenta circunstancias muy diferentes, por lo que hay que conjugar la necesaria flexibilidad con una apuesta decidida y exigente para que se respeten con rigor las medidas. Debe haber una estrecha colaboración de toda la comunidad educativa para lograr que se lleven a la práctica dentro de un ambiente positivo y amable", consideran.