Hasta agosto pasado, los empresarios estaban acostumbrados a ahorrarse parte de las cotizaciones al contratar trabajadores con especiales problemas para acceder al mercado laboral. Dentro de lo que los gobiernos de turno llamaban políticas activas de empleo entraron a saco todo tipo de colectivos: mayores de 45 años, parados de larga duración, mujeres víctimas de violencia de género, discapacitados, investigadores…y así un sinfín de grupos cuya contratación salía relativamente barata a todos menos a los servicios públicos de empleo, encargados de transferir a la Seguridad Social los 1.500 millones de euros anuales que se ahorraban los empresarios en cotizaciones.
Los empresarios se quejan de que las promesas del Gobierno se las lleva el viento, entre ellas la de rebajar las cotizaciones sociales
El Ministerio de Hacienda puso fin a la fiesta en julio a través del real decreto sobre estabilidad presupuestaria y fomento de la competitividad. Mientras suprimía las bonificaciones a la mayoría de los contratos, Mariano Rajoy se comprometió personalmente a reducir un punto las cuotas sociales en 2013 y otro añadido en 2014. Con el discurrir de los meses, CEOE ha comprobado que estas promesas se las ha llevado el viento y que a sus representados se les han cambiado las reglas de juego a mitad del partido: hicieron contratos calculando el ahorro que les supondría eludir buena parte de las cuotas a la Seguridad Social y ahora se ven en la tesitura de tener que correr con mayores gastos o bien utilizar todos las ventajas que ofrece la nueva reforma laboral para despedir. Y esta última opción es, en opinión de algunos cuadros de CEOE, la que va imperar en los próximos meses, a no ser que el Gobierno de marcha atrás y retome las bonificaciones. “Habrá despidos en masa en grandes superficies y, en general, en el sector servicios, uno de los más afectados por la nueva legislación”, advierten.
La inseguridad jurídica que, en opinión de CEOE, ha generado el Gobierno se convierte en el argumento principal del recurso que los empresarios preparan al Tribunal Constitucional. Claro que todavía queda mucho trámite parlamentario a los Presupuestos de 2013, por lo que el pulso no ha terminado. El recorrido de las cuentas estatales en el Congreso dura hasta bien entrado el mes de diciembre, por lo que la presión no ha hecho más que empezar.
CEOE intenta que el Gobierno recupere las ayudas a la contratación en las enmiendas a los Presupuestos del Estado
Entre las ayudas a la contratación suprimidas figuran las que beneficiaban a los empleos temporales, a los trabajadores de más de 60 años con contrato indefinido, a las mujeres autónomas que se reincorporaban después de la maternidad y al personal investigador. Solo se han mantenido para los denominado contratos de emprendedores, formación y aprendizaje, para los discapacitados y para las víctimas de violencia de género.
El argumento del Gobierno para justificar la supresión de estas ayudas es muy directo. Además de suponer una pesada carga para el erario público, no valieron para frenar el continuo aumento de la tasa de paro que, según los peores augurios del FMI, escalará hasta el 25% el año que viene.
