El PP y el PSOE han cerrado la designación de los vocales del turno profesional del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). El gobierno de los jueces queda por tanto integrado por 10 miembros propuestos por el PP, 7 por el PSOE y 1 por PNV, CiU e IU, respectivamente. Mayoría conservadora pero no gubernamental puesto que la suma de los puestos que se ha reservado la oposición equivalen a los del Ejecutivo. Esta circunstancia ha provocado alguna crítica dentro del propio PP que no ha entendido cómo con mayoría absoluta no se lograba una traslación de fuerzas similar a la del Parlamento. En caso de empate, lo que podrá ocurrir con más frecuencia de lo deseado, el voto del presidente será decisivo.
Los veinte vocales serán ratificados esta misma semana en los plenos del Congreso y del Senado. Culmina así una negociación sin demasiadas sorpresas, salvo la inclusión de un vocal de IU en el turno de los políticos, fruto de una transacción de última hora con el PSOE que le cedió uno de sus puestos. Rajoy y Rubalcaba conversaron el pasado jueves para limar las aristas que aún obstaculizaban el acuerdo.
Entre los designados en la tarde del lunes figuran el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande-Marlaska (propuesto por el PP) así como la magistrada del Supremo, Carmen Martínez Careaga, esposa del exfiscal General del Estado, Cándido Conde Pumpido, y la magistrada Roser Bach, esposa del actual consejero de Justicia de la Generalitat, Germá Gordó (ambas a sugerencia del PSOE, la segunda con recomendación de CiU). Gordó estuvo recientemente salpicado por el escándalo de las escuchas encargadas a la agencia de detectives Método 3 de algunos dirigentes del Partido Popular, como Ana Botella, alcaldesa de Madrid, o Aleix Vidal-Quadras, eurodiputado.
Tres magistrados del Supremo (Rafael Fernández Valverde y Wenceslao Olea, por el PP y Clara Martínez Careaga, por el PSOE); los presidentes de Tribunales superiores de Justicia de Navarra y Murcia (Juan Manuel Fernandez y Juan Martínez Moya, ambos sugerencia del PP); la presidenta de la Audiencia de Valencia, Carmen Llombart, el presidente de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska y el presidente de la Sala de los Contencioso del Superior de Madrid, Gerardo Martínez Tristán (todos ellos a propuesta PP) y las magistradas Roser Bach, Victoria Cinto, Rafael Mozo y María del Mar Cabrejas (sugerencias del PSOE) completan el Consejo.
Entre los nombres que en su momento figuraban como casi seguros en las quinielas no ha entrado finalmente Celia Gallego, esposa de José Antonio Alonso, que fuera ministro de Justicia y de Defensa con Zapatero. El juez Martínez Tristán fue vetado en su momento por los socialistas madrileños dada su involucración en el proceso de extrernalización de algunos hospitales de la Comunidad. Finalmente, ha entrado en el Consejo. Es sin duda uno de los nombres más polémicos de las designaciones de este lunes.
Todavía queda por despejar la incógnita de quién ocupará la presidencia del Consejo y del Supremo. Se da por hecho la designación de Carlos Lesmes, exalto cargo del ministrio de Justicia en el segundo Gobierno de José María Aznar y muy vinculado al actual titular de la cartera, Alberto Ruiz Gallardón. Lesmes goza de un reconocmiento general en la carrera jurídica por su alto nivel y su excelente preparación.
