El Gobierno planea regularizar a 900.000 inmigrantes ilegales a través del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones que dirige Elma Saiz. Esta medida se aplicará sobre aquellas personas que ya se encuentran residiendo en España y comenzará a implementarse a partir de mayo de 2025.
Su vigencia durará hasta 2027 y persigue el objetivo de rebajar la media de edad de los trabajadores en España, muy alta en estos momentos y bajo amenaza de aumentar de forma alarmante. Una decisión no exenta de polémica, ya que ha supuesto un aluvión de críticas al Gobierno: algunas denuncian que el PSOE busca adulterar el censo electoral para que le beneficie en unas futuras elecciones.
Lo cierto es que ese argumento no es cierto, ya que para votar en unas elecciones generales es imprescindible tener la nacionalidad española. Es cierto que para conseguirla, el primer paso es la regularización de su situación en España. Pero después, el proceso para obtener la nacionalidad dura diez años en el régimen general, por lo que el PSOE -u otro partido político- no podría beneficiarse de esta regularización hasta, como mínimo, el año 2037.
En el caso de las elecciones municipales, la situación varía, ya que sí permite votar a aquellas personas extranjeras que estén empadronadas. Eso sí, el Estado solo permite votar a aquellos inmigrantes en situación regular que procedan de los trece países con los que España tiene acuerdos de reciprocidad. Además, deben haber vivido en nuestro país de forma ininterrumpida con los papeles en regla desde hace cinco años (salvo los nacionales de Reino Unido y Noruega, en cuyo caso esa cifra se reduce a tres). Estos países son, además de los que pertenecen a la Unión Europea, Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea del Sur, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. De hecho, los españoles residentes en estos países tienen el mismo derecho.
Por tanto, aunque el Gobierno regule la situación de marroquíes o argelinos, estos no podrán participar en unas elecciones hasta obtener la nacionalidad española. En el caso de colombianos, bolivianos o peruanos, tendrán que esperar cinco años para ejercer su derecho al voto en unas municipales, por lo que no podrán acudir a las urnas hasta 2029 si la regularización se produce en estos últimos días de 2024. Estas restricciones provocan que tan solo 470.000 de los más de 4,5 millones de inmigrantes puedan votar, un 10% del total.
Es el único caso que admite extranjeros extracomunitarios en unas elecciones que no estén nacionalizados, ya que en los comicios autonómicos solo pueden participar aquellas personas con nacionalidad española. Lo mismo que sucede en las elecciones europeas: solo pueden participar aquellos que tengan la nacionalidad de alguno de los países miembros.
De este modo, la regularización de casi un millón de inmigrantes ilegales puede traer otra serie de debates pero no en cuanto a la cuestión electoral, ya que ahí, las normas están claras
Las nacionalidades sí afectan al censo
Si los 900.000 inmigrantes ilegales que podrían regular su situación no afectan al censo electoral, las nacionalidades sí. Y con Pedro Sánchez, la nacionalización de personas procedentes de Marruecos se ha disparado. El pasado año, el número de trámites creció un 32,3% respecto a 2022, con 240.208 marroquies que ahora son españoles, según el INE. Un año récord.
De hecho, destaca la cifra de nacionalizaciones, ya que la de colombianos, bolivianos o ecuatorianos se ha mantenido estable frente al crecimiento súbito de personas procedentes del norte de África. En 2022 también hubo un aumento importante (+26,1%) con 181.581 nacionalizaciones.
