El Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Ignacio González, ha decidido paralizar definitivamente el proceso de privatización de un 49% del Canal de Isabel II, un proyecto presentado al principio de legislatura. Hace un par de años, el Ejecutivo regional informó que debido a la crisis económica, aplazaba la salida al mercado del 49% de la empresa, algo que se ha convertido en definitivo.
Sin embargo, las condiciones del mercado no han mejorado lo suficiente como para volver a relanzar el proyecto, que ya fue explicado por los gestores del Canal en numerosos foros financieros. Se calcula que la Comunidad de Madrid habría logrado entre 1.000 y 1.500 millones de euros por la venta del 49%. Hubieran dedicado este dinero a nuevas inversiones, según el compromiso del entonces presidente del Canal, el propio González.
Pero además, está la cuestión política. La Marea Blanca, de los colectivos anti privatización de los hospitales, provocó un fuerte deterioro al Gobierno regional. Falta menos de un año para las elecciones autonómicas, lo que hace que los responsables del Gobierno de Madrid no quieran entrar en un nuevo conflicto social. La privatización del Canal de Isabel II tuvo su propia Marea Azul, que aglutinó a todas las organizaciones contrarias a la entrada de capital privado en esta sociedad.
La valoración que habían hecho las empresas que estudiaron la salida a bolsa de esta sociedad la valoraban en una horquilla de 3.000 a 3.300 millones, bastante más bajo que el previsto antes de la crisis que superara los 3.500 millones de euros.
La Comunidad de Madrid inició en el año 2008 su intento de vender el 49% de la sociedad. Bancos, fondos de inversión de varias nacionalidades, gestoras de aguas españolas y extranjeras habían expresado una primera intención de participar en el proceso. BBVA, Tinsa, Rothschild y Cuatrocasas trabajaron en la operación que supuso un costo para la empresa de más de un millón de euros.
De forma paralela, la Comunidad creó una sociedad (Canal de Isabel II Gestión) que presta los servicios de abastecimiento, saneamiento, servicios y obras hidráulicas. Las relaciones entre la empresa original y la nueva están reguladas por un contrato programa y tienen una vigencia de 50 años. El 80% de las acciones de esta nueva compañía son de la Comunidad de Madrid y el resto de un centenar de ayuntamientos de la región.
González explicó que hasta que se decida la entrada de capital privado se iba a funcionar con esta sociedad pública en la que los municipios recibirían una contraprestación económica en forma de dividendos y se aseguraban los servicios que antes les prestaba el Canal.
Protestas de la oposición
La oposición política se levantó contra el intento de sacar parte del capital de esta empresa al mercado. El PSOE llegó a amenazar con llevar el proceso a los tribunales. El PP les contestó entonces que mientras en Madrid el PSOE quería recurrir, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero estaba haciendo los estudios para privatizar AENA. Esta venta también se paró por la mala situación de los mercados.
Fuentes de la empresa señalan que pasados dos años desde la creación de la sociedad anónima "queda patente que el modelo implantado para la gestión del agua en la Comunidad de Madrid es eficiente y muy bien valorado como lo demuestran las últimas encuestas".
Añaden que gracias a su implantación "los ayuntamientos que ahora son accionistas perciben unos ingresos (dividendos) que antes no percibían y que pueden destinar a mejorar en distintos servicios de sus municipios y, en definitiva, en mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos".
