La Generalitat retirará la acusación de siete procesos judiciales contra activistas okupas que en 2011, 2012 y 2014 organizaron protestas contra el entonces president Artur Mas, algo que formaría parte de las negociaciones entre Junts pel Sí y la CUP para dotar a Cataluña de un nuevo Gobierno.
Fue una de las condiciones que la formación antisistema puso encima de la mesa para negociar con la coalición independentista. En concreto, el punto 33 de los 54 que había propuesto a Junts pel Sí exigía la "retirada de la Generalitat como acusación de todos los procesos judiciales abiertos y pendientes por temas de persecución política, disidencia o desobediencia a leyes injustas, dado que la acusación pública ya corresponde a las fiscalías".
Ante esta medida, los negociadores de Junts pel Sí la acogió pero sólo en parte, comprometiéndose a valorar la implicación del Govern en estos siete casos, en los que están imputadas 40 personas. La CUP se matuvo firme y exigió una lista de los procedimientos de los que la Generalitat se podría retirar, según informa el diario catalán Ara.
Protestas en Barcelona y Gerona
El más antiguo de estos casos se remonta a diciembre de 2011, cuando una protesta contra la visita de Mas en la Universidad de Gerona terminó con 12 imputados entre estudiantes y trabajadores del centro acusados de intentar boicotear el acto.
Asimismo, la Generalitat también se retirará de dos procesos abiertos a raíz de los disturbios organizados durante la huelga general del 29 de marzo de 2012 en Barcelona y de dos más de la huelga general del 14 de noviembre del mismo año, uno en la capital catalana y otro en Gerona.
Finalmente, el Ejecutivo catalán también se retirará de la acusación referente a una acción de protesta contra la línea de muy alta tensión en Viladasens (Gironès) en enero de 2014 y del caso que implica cuatro jóvenes que se manifestaron contra el cierre de Can Vies en mayo de ese mismo año en Sants.
