Mediante un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, Diego Torres, para quien la Fiscalía Anticorrupción reclama hasta 16 años y medio de cárcel por apoderarse, junto a Urdangarin, de hasta 6,2 millones de euros públicos mediante un entramado de empresas ficticias, asegura que su situación es "insostenible y urgente", más "teniendo en cuenta" que la vista oral arranca el próximo lunes.
La defensa del acusado señala a su "falta de liquidez desde cualquier punto de vista" y reclama que se le haga entrega del dinero que quedó pendiente hace varios meses -solicitó el desbloqueo de un total de 87.328 euros para poder cubrir "las cuando menos necesidades básicas de alimentación, higiene y demás"- puesto que "no de otro modo cabe ya afrontar la situación, con el gravísimo e irreparable perjuicio que ello puede comportar".
La defensa reclama el desbloqueo para cubrir los gastos derivados de la estancia durante el juicio
El letrado del matrimonio aportó en su día un listado de los gastos a los que deben hacer frente Torres y su mujer, Ana María Tejeiro, como el pago de hipotecas, impuestos, tasas, escolarización y comunidades de propietarios. El abogado vuelve a incidir en la "absoluta falta de liquidez" de sus patrocinados.
Sobre Torres pesan un delito continuado de malversación en concurso con otro de prevaricación, falsedad en documento oficial y falsedad en documento mercantil, estafa, fraude a la administración, un delito fiscal y un último de blanqueo de capitales. Por su parte, su mujer se enfrenta a una petición de dos años de cárcel por blanqueo.
El dinero de Torres y Tejeiro fue intervenido en los registros efectuados en la sede del Instituto Nóos y de otras empresas del entramado el 7 de noviembre de 2011, y que se halla en la cuenta de consignaciones judiciales del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma. Unos 900.000 euros fueron localizados por los investigadores en el Credit Suisse de Luxemburgo.
En una anterior resolución, el juez Castro recordaba al abogado de Torres que el bloqueo del dinero tiene como objetivo garantizar las responsabilidades económicas que pudieran derivarse de estas investigaciones, "no que este Juzgado acabara convirtiéndose en su administrador o filtro".
