La póliza de los seguros de fallecimiento y accidente fue contratada por la propia Dirección General de la Policía (DGP) a mediados de los años noventa con la correduría S.P.E. Brokers, que gestionó la misma con distintas compañías de seguros, la última de ellos Allianz. Así consta en las condiciones particulares de la póliza 028035876 Allianz Vida Grupo emitida en enero de 2011 y renovable por anualidades, con la DGP como tomador y con la mencionada correduría como mediador.
Todo funcionó correctamente hasta que el corredor de seguros Luis Javier S. dejó de ingresar a Allianz el dinero que recibía de la DGP y la compañía aseguradora decidió en octubre de 2013 rescindir la póliza por impago. La empresa comunicó su decisión por burofax al propio departamento que dirige Ignacio Cosidó, pese a lo cual, desde esa fecha y hasta abril de 2016 éste continuó descontando las cuotas de la nómina de los funcionarios que tenían contrato con la aseguradora. Hasta que el pasado febrero el Juzgado de Instrucción nº 50 de Madrid acordó la detención del corredor del seguros y su ingreso en prisión eludible con una fianza de 500.000 euros, rebajada después a la mitad. Un trabajador de la correduría consultado por este diario aseguró desconocer cualquier dato sobre lo ocurrido y dijo que Luis Javier S. se encuentra de baja.
La Dirección General de la Policía continuó descontando de la nómina de los agentes las cuotas del seguro pese a que sabía que había sido cancelado
El subdirector general de Recursos Humanos de la Policía remitió el pasado 22 de abril un oficio a los agentes afectados en la que daba cuenta de la detención del corredor y anunciaba que desde ese momento dejaba de transferir a Brokers S.E.P. las cuotas detraídas a los funcionarios de los meses de febrero, marzo y abril, aunque no aludía a las descontadas antes pese a que la aseguradora había rescindido la póliza.
Fuentes de la Policía manifestaron a este diario que el número de asegurados ascendía en febrero pasado a 1.132 y que el importe mensual de las pólizas suscritas rondaba los 33.000 euros. Dados los 29 meses transcurridos desde que Allianz dejó de recibir las cuotas el importe del dinero sustraído se aproxima al millón de euros.
La denuncia que motivó la investigación fue interpuesta por un comisario de Policía, que tras requerir las coberturas contratadas en la póliza comprobó que ésta había sido cancelada tiempo atrás, pese a lo cual él había seguido pagando. Posteriormente fue la Brigada Provincial de Policía Judicial de Madrid quien se hizo cargo de las investigaciones.
El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el Sindicato Profesional de Policía (SPP) y la Confederación Española de Policía (CEP) han anunciado que se personarán en la causa para defender los intereses de sus afiliados. En la última reunión del Consejo de Policía, celebrado el pasado 3 de mayo, reclamaron a la dirección del Cuerpo información sobre el caso. Antonio Labrado, secretario general de la CEP, manifestó a Vozpópuli que requerirán a la DGP el importe de las pólizas detraídas si se confirma que tenía conocimiento de que la póliza estaba suspendida por impago. “Vamos a defender a todos nuestros afiliados, y si se confirma que la DGP no ha actuado correctamente les exigiremos su responsabilidad civil”. El SUP, por su parte, anunció también que iniciará las acciones legales oportunas que determinen la responsabilidad subsidiaria sobre las cuantías detraídas de sus nóminas o los perjuicios que a nivel individual hayan podido producirse”.
