Cerca de millón y medio de estudiantes y 125.000 profesores de las 79 universidades empiezan nuevo curso en los 256 campus. En el horizonte, la incertidumbre de la financiación y del modelo universitario. ¿Habrá reforma? Todos los planes se encuentran en vía muerta porque la prioridad política es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE).
Pero es que además, el Gobierno no tiene claro qué hacer. En marzo de 2012 el ministro Wert nombró una comisión de expertos. Al poco tiempo, dos de los once miembros dimitieron por discrepancias. Aunque el informe tenía que estar terminado a finales del 2012, no fue hasta principios de este 2013 cuando se les instó para que emitan su dictamen. Sobre la mesa, dos temas claves: financiación y gobierno.
El problema es que el dictamen es discordante. La mayoría de los expertos apelan a la necesidad de abrir la universidad para evitar la actual lacra: la endogamia. Sin embargo, las dos voces jurídicas del comité, Óscar Alzaga y Mariola Urrea se descuelgan del consenso con un voto particular que llaman “adenda”. Manifiestan que la apertura propuesta podría dañar la autonomía universitaria y la libertad de cátedra.
Profesores sobrecualificados y tensión internas
En este impasse, el ministerio solicitó el pasado mes de abril a la abogacía del Estado un informe que todavía aguardan. Hasta entonces, esperar y ver. Pero mientras tanto, se agolpan los problemas. No sólo porque las universidades españolas no salen en ningún ranking internacional de excelencia, sino por cuestiones domésticas. Por ejemplo, al restringir la tasa de reposición al 10%, ocurre que hay entre 6.000 y 7.000 profesionales acreditados por la ANECA (Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación) que no ocupan el puesto para el que están acreditados. Y la bola crece.
Los rectores han pedido que el ministerio endurezca el acceso a la ANECA para evitar engordar la bolsa de profesores sobrecualificados que les generan tensión interna. La secretaria de Estado, Montserrat Gomendio, se niega argumentando que la ANECA es una acreditación, un control de calidad, que no equivale a un examen de oposición.
Otra de las propuestas en las que trabaja la Dirección General de Universidades y que cuenta con el visto bueno de algunos rectores es que el tribunal de oposición sea formado por sorteo, al menos en parte, evitando de esta manera la endogamia. El problema es que esta reforma exige la modificación de la Ley de Universidades que actualmente establece que éstas decidirán cómo organizar la selección de su profesorado.
Por último, el ministerio permanece frenado en el capítulo de financiación, a pesar de que se han planteado propuestas de racionalización de la oferta y de financiación por objetivos. El ajuste esta viniendo por la vía de las comunidades autónomas ante el recorte presupuestario. Algunas ya han firmado contratos programa con financiación por objetivos. Pero no hay un plan global.
Y a todo esto hay que añadir la desorganización interna del ministerio. Para empezar porque la Secretaría General de Universidades no es ni Secretaría de Estado. No despacha directamente con el ministro, sino que tiene que pasar por el filtro de la secretaria de Estado de Educación. Y para seguir, el baile de nombres. Hace un año, en septiembre de 2012, Jorge Sainz fue cesado como jefe de gabinete y pasó a la Dirección General de Política Universitaria. El entonces director general, el catedrático de la UCM Federico Morán, fue nombrado secretario general de Universidades, puesto que hasta entonces ocupaba Marian Camarero. Baile de cargos, dependencia institucional y ausencia de criterio explican –al menos en parte- el plante de los rectores. “La maquinaria interna no estaba engrasada”, reconocen en el ministerio.
Ahora que arranca el curso universitario, muchos se preguntan si habrá novedades más allá de las nuevas exigencias de las becas y del ‘tasazo’. Los rectores lo tienen claro: descartan que vaya a haber una reforma universitaria. Ni siquiera de maquillaje.
