La Fiscalía de Badajoz cambia de criterio respecto a la investigación contra el hermano de Sánchez y recurre su imputación. La fiscal a cargo del caso de David Sánchez da un volantazo y pide revocar la citación del músico y de los otros ocho investigados, después de avalar las principales líneas de actuación de la jueza instructora.
Entre otras consideraciones, la Fiscalía secundó el pasado mes de septiembre la decisión de la titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Badajoz por la que autorizaba la incautación de los correos electrónicos del hermano del presidente del Gobierno y de otros ocho trabajadores vinculados con la creación de su puesto de trabajo en la Diputación
Entonces, la Fiscalía consideró que la diligencia acordada por la jueza Beatriz Biedma estaba "plenamente ajustada a derecho", posicionándose en contra del recurso presentado por el presidente de la Diputación. El aval del Ministerio Público llegó después de que tanto Miguel Ángel Gallardo como el hermano del líder socialista recurrieran ante la Audiencia Provincial de Badajoz la incautación de los correos corporativos, clave para investigar sobre las circunstancias que rodearon a la creación del puesto y su ascenso a Jefe de la Oficina de Artes Escénicas.
De este modo, la línea defendida por la fiscal a cargo del caso, Begoña García Boro, difiere ligeramente del criterio marcado por el teniente fiscal de la fiscalía provincial de Badajoz, Agustín Manzano González, ante la audiencia provincial. Por su parte, la instancia superior a la jueza Beatriz Biedma dio luz verde a la incautación de los correos avalando así parte de la investigación dirigida contra el hermano del secretario general del PSOE por presuntos delitos contra la Administración Pública.
Determinar hechos y delitos que se atribuyen a cada investigado
Precisamente, la "genérica referencia que se realiza a los 'delitos contra la Administración Pública investigados'" recogida en el auto por el que la instructora cita como investigado al músico y a otras personas en calidad de investigados se ha convertido en el punto discrepante de la Fiscalía. En este caso, la fiscal sostiene que una referencia genérica de delitos y hechos "no puede colmar satisfactoriamente el derecho de defensa" de los investigados.
Por ello, pide la revocación del auto de imputación en el sentido de "determinar los hechos concretos de imputación a cada uno de los investigados". Por lo pronto, la Fiscalía considera que en la causa no hay ni se concretan los "comportamientos concretos con trascendencia penal" y que no se exponen los "indicios existentes" contra cada una de las personas citadas. "No hay en la causa, ni por remisión a otras actuaciones previas, una singularización de comportamientos con trascendencia penal para cada uno de los investigados, lo cual consideramos esencial para su defensa y es esa omisión la que, a nuestro juicio, debe ser resuelta con anterioridad al despliegue de declaraciones", reza el escrito.
En este sentido, la fiscal señala que en el auto ni siquiera se indican los delitos por los que se investiga a cada uno de ellos. En la misma línea, recuerda que la jurisprudencia del Tribunal Supremo recoge que la valoración sobre el nivel de indicios ha de efectuarla el juez y que "las deducciones o inferencias, que tienen que ir precedidas de una cierta reflexión y valoración, pues no son autoevidentes, corresponden al juez de instrucción que no puede ni delegarlas ni asumir acríticamente las realizadas por otros. No desconfiar por sistema de la policía judicial —ninguna razón existe para ello— no significa abandonar en ella una tarea que es primordialmente judicial”.
Con este cambio de criterio, la Fiscalía se opone, al menos de momento, a la declaración del hermano de Sánchez programada para el próximo 9 de enero. De esta forma, también recurre la citación del presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; la exdirectora del área de cultura Elisa Moriano; la entonces diputada de Cultura de Badajoz, Cristina Núñez Fernández; la que fuera responsable del área de Recursos Humanos, Juana Cintas; el exjefe de Servicio de Actividades Culturales, Manuel Candalija; el entonces jefe de Servicio de Gestión de Recursos Humanos, Félix González, la exdirectora del Área de Cultura, Emilia Parejo y Francisco Martos, diputado delegado del área de Cultura y Deportes.
Correos corporativos
Cabe recordar que la instructora del caso acordó citar al músico y a otros ocho trabajadores de la Diputación después de recibir el informe de la UCO relativo al análisis de los correos incautados en el registro de la Diputación de Badajoz. La investigación de la Guardia Civil apunta a que para crear la plaza pública del hermano de Sánchez se modificó el presupuesto de 2017 y se dieron instrucciones precisas.
En este sentido, los investigadores anotan en su informe que el propio presidente de la Diputación de Badajoz cambió de parecer respecto al presupuesto de personal para el año 2017. En un principio, Gallardo consideró que era excesivo, tres días más tarde se hizo una variación de presupuesto 'in extremis', gracias a la cual se incluyó la plaza del hermano de Sánchez.
Con todo, la UCO descarta en su informe un incremento patrimonial injustificado de 1,4 millones de euros. Los investigadores explican que esto puede deberse a un error de cálculo y que no necesariamente las cifras anotadas en la denuncia corresponden a acciones del propio BBVA, sino a activos de cotización dentro de la entidad.
