El exministro de Defensa Federico Trillo y el diputado popular Vicente Martínez Pujalte cobraron dinero de una constructora especializada en realizar obras públicas, según la Agencia Tributaria y de acuerdo a la información publicada este miércoles por el diario El País. En concreto, Trillo recibió 354.000 euros y Pujalte 75.000, si bien no se poseen justificantes de estos cobros. Tanto los políticos como la constructora alegan que el cobro se debe al asesoramiento verbal que realizaron a dicha empresa.
La empresa encargada de remunerar a los dos ‘populares’, Grupo Collosa, es una de las beneficiadas en el caso de los parques eólicos de Castilla y León, donde hubo un supuesto pago de comisiones por importe de 110 millones de euros para facilitar la instalación de parques de energía eólica en la región, que vincularía con esta práctica a altos cargos de la Consejería de Economía y Empleo.
El contrato con la empresa de Trillo, Estudio Jurídico Labor, se firmó el 10 de febrero de 2006. En él, Grupo Collosa se comprometía a pagar al despacho de Trillo 9.000 euros al mes. El actual embajador de España en Londres tiene el 70% de las acciones del despacho y dos de sus hijos el 30% restante. En concepto de "asesoramiento general y jurídico de la empresa", el contrato se prorrogó "de forma tácita" en 2007 y 2006. El País afirma que Trillo recibió 104.000 euros en 2006, 125.280 en 2007 y otros 125.280 en 2008.
Trillo considera "tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes"
El embajador en Londres ha enviado a Efe un comunicado en el que aclara la relación de su despacho profesional, Estudio Jurídico Labor, con la empresa Collosa y afirma que se reserva cuantas acciones legales estén a su alcance para defender su honor y su actividad profesional, así como las de su despacho y su familia. En el comunicado, Trillo destaca que, según El País, esa relación "había sido filtrada" al periódico por la Agencia Tributaria y la Fiscalía Anticorrupción, y considera "tan sorprendente como inadmisible que se utilicen de forma manipulada y sesgada datos tributarios de los contribuyentes". En ese sentido, recuerda el deber de las administraciones públicas de guardar el secreto de los datos de los contribuyentes, cuya infracción está tipificada como delito en el Código Penal y tiene penas de prisión de uno a cuatro años y de dos a cinco años "a quienes las difundieren, revelen o cedan a terceros".
Vicente Martínez Pujalte ha asegurado a Efe que tiene "la absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente" y de haber "actuado de acuerdo completamente con la legalidad", tanto de compatibilidades con su cargo de diputado como de su declaración tributaria. El diputado del PP ha señalado que trabajó efectivamente para Collosa durante dos años, como asesor del que era consejero delegado, Mario Armero, y mientras éste permaneció en el cargo, y ha recalcado que pidió la compatibilidad al Congreso, que le fue concedida y pagó los impuestos correspondientes.
Trillo asegura que Estudio Jurídico Labor firmó un contrato con Collosa -del que informó al Congreso en su declaración de bienes- para asesorar a la constructora en el proceso de su reestructuración de la empresa, sus estrategias de mercado fuera del ámbito de Castilla León, tanto en España como en mercados extranjeros, así como en el estudio jurídico de la mejor estructura como empresa familiar.
Pujalte tiene "la absoluta tranquilidad de haber hecho todo correctamente"
Subraya que tanto el contrato con Collosa como las correspondientes liquidaciones del IVA y del Impuesto de Sociedades cumplen con todos los requisitos legales, "lo que significa -añade- que Hacienda no ha descubierto nada de lo que ya no estuviera puntual y continuadamente informada". El embajador en Londres recalca además que Estudio Jurídico Labor "nunca ha sido requerido de inspección ni de información alguna por parte de la Agencia Tributaria ni los inspectores de Hacienda".
Destaca que Estudio Jurídico Labor "en ningún momento" intervino ni fue requerido para intervenir en ningún tipo de concesión o autorización de ninguna administración, "ni tuvo ni ha tenido nunca ningún tipo de asesoramiento o relación con centrales eólicas ni energías renovables".
