El Ministerio Fiscal ha defendido este lunes durante el juicio que ha comenzado en la Audiencia Nacional contra el extesorero del PP Luis Bárcenas y otros acusados, por el presunto pago de las reformas de la sede nacional de la formación con dinero procedente de la caja 'b' del partido, que no debe ser objeto de enjuiciamiento el presunto delito fiscal cometido por la formación con el impuesto de sociedades de 2008, ya que ni Fiscalía ni Abogacía del Estado acusan por ello.
Durante la fase de cuestiones previas con la que ha comenzado la vista, la Fiscalía ha apuntado que tampoco se debe tratar en este juicio el posible delito fiscal relacionado con el impuesto de sociedades de la empresa Unifica, quien realizó las obras de reforma de la sede, en 2006.
Mantiene esta posición apoyándose en jurisprudencia, en concreto en la denominada doctrina 'Botín', para recalcar que no se puede seguir adelante con estas acusaciones porque únicamente las defienden acusaciones populares.
Asimismo, tampoco considera que Bárcenas pueda ser juzgado por apropiación indebida como cooperador necesario de dinero de la caja 'b' para la compra de acciones de Libertad Digital, y esto, lo sustenta en que es cosa juzgada y hay prescripción del delito. Este asunto se vio en el juicio por la primera etapa de 'Gürtel'.
No ve delito electoral
Además, el fiscal ha apuntado que a pesar de que diversas acusaciones hablan en sus escritos de acusación de delitos electorales "la prueba que se propone puede resultar inútil" por lo que piden que se reconsidere.
Al hilo, ha mantenido que el juez instructor negó realizar las pruebas solicitadas al respecto por diferentes acusaciones "No ha sido objeto de investigación y no ha sido imputado por ello ninguno de los acusados", ha añadido.
Considera que se debe desestimar la testifical de entre otros el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page que propone la acusación popular de Adade
Sobre la parte que se investigó en instrucción relacionado con el asunto 'Sufi', que tiene que ver con un contrato de basuras de la ciudad de Toledo, ha apuntado que se excluyó durante la investigación en favor de un juzgado de Toledo.
Por eso considera que se debe desestimar la testifical de entre otros el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page que propone la acusación popular de Adade. "Si no se va a enjuiciar esos hecho tampoco tienen por qué testificar", ha dicho.
