La Fiscalía no va a recurrir la decisión de una juez de Leganés, que rechazó investigar una querella presentada por familiares de ancianos en residencias de la Comunidad de Madrid, según informan a Vozpópuli fuentes del Ministerio Público. Acusaban de homicidio a varios consejeros de Isabel Díaz Ayuso, pero en una resolución que adelantó este periódico, la juez de instrucción número 5 de Leganés desestimó la querella firmada por once familias y dirigida también contra varios responsables de las residencias donde se habían producido fallecimientos durante la pandemia.
Las fuentes consultadas precisan que la Fiscalía de área de Getafe y Leganés no va a recurrir esta decisión porque está de acuerdo con los argumentos de la magistrada. A los familiares les queda, por tanto, acudir ante la Audiencia Provincial, órgano superior, para que obligue a la juez a abrir una investigación. Apostaron por la vía penal y acusan de homicidio imprudente, lesiones imprudentes, omisión del deber de socorro y trato degradante.
El auto, dictado el 18 de agosto exculpaba la actuación del gobierno autonómico: “Es una enfermedad nueva de la que poco o nada se sabía en el mes de marzo y del que poco se ha averiguado". “Por lo que respecta a los querellados de carácter político, por más que se insista en la querella en que no actuaron de manera eficaz ni a tiempo, no podemos olvidar que la falta de material de protección (los denominados epis) era una carencia a nivel estatal”, decía la juez Mónica Boticario. Esta decisión ha sido ahora avalada por la Fiscalía.
A juicio de los querellantes, la Comunidad de Madrid incurrió en una “inadecuada aplicación de protocolos, de un actuar tardío e insuficiente y de decisiones equivocadas que provocaron el fallecimiento de miles de residentes de geriátricos”. Sin embargo, la vía Penal para dirimir responsabilidades por la pandemia no está encontrando respaldo en los tribunales. Está sucediendo también en otros territorios de España, admiten fuentes judiciales.
Sin recorrido penal
Desde el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) confirman esta tendencia. Advierten de que la vía penal exige demostrar un dolo en la acción, es decir, una intencionalidad por la que se acusa, y es muy difícil de probar en estos casos. Recientemente la Fiscalía del Tribunal Supremo también informó en contra de la admisión de las querellas presentadas contra el Gobierno por su gestión durante la pandemia.
Fue en el informe del teniente fiscal Luis Navajas que ha provocado un cisma en la Fiscalía General del Estado por las presuntas presiones recibidas por varios compañeros, partidarios de actuar contra el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez. Fuentes jurídicas consultadas por este periódico abordan el debate desde la perspectiva de los llamados delitos de riesgo.
A su juicio, la administración no es responsable penal de lo sucedido en las residencias. Lo comparan con un servicio meteorológico que no advierta de una tormenta eléctrica y luego alguien pierda la vida por ser alcanzado por un rayo. El encargado de dar la alerta no es el responsable de la muerte, sino el rayo. En este caso sería el virus.
Cuestión distinta, advierten, es que se pueda demostrar que miembros de la administración dieran indicaciones sobre no trasladar ancianos a los hospitales. Eso es una decisión médica no administrativa, avisan. De momento, en lo que afectaba a las residencias de la Comunidad de Madrid, la Fiscalía no ve motivos para iniciar una investigación por la vía penal para depurar responsabilidades.
