La Fiscalía del Tribunal Supremo investiga a la ministra de Educación, Isabel Celaá, así como a los consejeros del ramo por forzar la ley para permitir el paso de curso con suspensos.
Según recoge 'El Mundo', el Ministerio Fiscal estudia si la titular de Educación y los consejeros prevaricaron al modificar una ley orgánica, la Lomce, a través de una conferencia sectorial.
En concreto, Celaá y los consejeros acordaron el pasado mes de abril ser "flexibles" con los alumnos por la pandemia de coronavirus y permitirles pasar de curso, obteniendo incluso títulos de ESO, Bachillerato y FP, sin límite de suspensos.
Según la Fiscalía, estos no tenían la potestad para tomar esta decisión y considera que estos hechos pueden ser calificados de "usurpación de funciones" o "prevaricación administrativa".
Concretamente, según el escrito, la orden de Educación pudo ser decretada por un órgano que no tenía competencias para ello. "Modificándose el contenido de una ley orgánica de un modo irregular", señala.
Este acuerdo fue firmado por todos los consejeros de Educación, excepto por los de Andalucía, Murcia, Madrid, País Vasco y Castilla y León
La orden se dictó el pasado 15 de abril en la Conferencia Sectorial de Educación, un mes después de que se decretase el cierre de los centros educativos.
¿Un aprobado general en cubierto?
Este acuerdo fue firmado por todos los consejeros de Educación, excepto por los de Andalucía, Murcia, Madrid, País Vasco y Castilla y León.
Según los discrepantes, se trataba de un aprobado general en cubierto y se oponían a que la dirigente de la cartera de Educación dejara en manos de las regiones decidir cuántos suspensos se permitirían para obtener los títulos citados.
