La crisis abierta en la Fiscalía General del Estado por el ya bautizado como 'caso Stampa' ha adquirido una nueva dimensión tras la entrada en escena del juez Baltasar Garzón. Sus reproches a la Asociación de Fiscales (mayoritaria en la carrera) y las advertencias de que prepara acciones judiciales ha tensado la cuerda más si cabe con esta asociación que se mantiene firme en su intento por acceder a los papeles de la investigación al exfiscal del caso Villarejo. Según sostienen, la solicitud no la formula el ente, sino sus vocales que forman parte del Consejo Fiscal y, por tanto, están legitimados para ello.
La asociación reitera que los cinco vocales seguirán insistiendo para que se les dé traslado de la documental sobre la investigación que se abrió a Stampa en la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por delito de revelación de secretos. De esta forma mantienen su pulso con la cúpula del Ministerio Fiscal (que alega que es materia reservada) y reiteran la necesidad de estudiarlo para contrastar si es cierto que la Secretaría Técnica sugirió al instructor del caso más diligencias de investigación con la finalidad de alargar la causa y evitar su archivo antes de octubre del año pasado.
Stampa expuso en su reclamación patrimonial al Ministerio de Justicia que las propuestas que formuló el jefe de la Secretaría Técnica, Álvaro Ortiz, tenían como finalidad dilatar en el tiempo las diligencias para que siguieran vivas el 27 de octubre del año pasado. Esa fecha era clave para Stampa ya que se celebraba el Consejo Fiscal en el que se jugó la plaza fija en Anticorrupción. En aquel momento no obtuvo ningún voto, ni tan siquiera por los miembros de su asociación, la AF.
Además, denunció que se eliminaron de su expediente las indicaciones que envió García al instructor de las diligencias, el exteniente fiscal del TSJM Carlos Ruiz de Alegría. Por ello, la asociación insiste en que se les tiene que dar traslado de este material. Y no solo eso, sino que reclaman también que se les facilite un listado de todos los abogados que litigan en el caso Villarejo. La petición se formula expresamente para saber el grado de implicación de Baltasar Garzón en todo este asunto ya que su despacho lleva la defensa de imputados en el procedimiento y es, además, pareja sentimental de la fiscal general.
Daño reputacional
El despacho del exmagistrado de la Audiencia Nacional, por su parte, se niega en rotundo a esta petición. Desde Ilocad rebaten a la Asociación de Fiscales avisando que no está legitimada para pedir este expediente y que la fiscal general del Estado tampoco puede acceder a él. Fuentes de la Fiscalía General explicaron que Delgado se abstuvo en todo momento de entrar en este asunto teniendo en cuenta de que se trataba del fiscal del caso Villarejo, procedimiento en el que ya se vio implicaba tras ver la luz unos audios que atesoraba el comisario relativos a un almuerzo con varios comensales, entre los que se encontraban Delgado y Garzón.
El bufete de Garzón elevó el tono contra la Asociación de Fiscales afirmando que les está provocando un grave perjuicio económico y reputacional, hasta el punto de que estudian ya "acciones judiciales". Además, contraatacaron pidiéndoles las actas que reflejarían el acuerdo alcanzado para reclamar el expediente del caso Stampa. En menos de 24 horas la agrupación respondía con un duro comunicado en el que se negaba en rotundo a acceder a esta solicitud. El mensaje del despacho es, en palabras de la AF, "inaceptable e improcedente" ya que sería el bufete el que carece de legitimación para interferir en el funcionamiento del Consejo Fiscal.
Este órgano consultivo del Ministerio Público es el que está acusando especialmente la deriva del asunto debido a las discrepancias en su seno. El Consejo lo integran la fiscal general, Dolores Delgado; el fiscal teniente del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, y nueve vocales elegidos de la carrera. En la actualidad cinco de ellos pertenecen a la asociación que han mostrado sus discrepancias con la cúpula y que mantiene que seguirán intentando acceder al contenido de la documental.
El objetivo de los vocales es, por un lado, esclarecer si Delgado tuvo algo que ver en las sugerencias de investigación que se remitieron desde la Secretaría Técnica y, por otro, clarificar si Baltasar Garzón guarda relación con el cese del fiscal que investigaba a los clientes de su despacho. Al hilo recuerdan que abogados de Ilocad están personados en el caso Villarejo desde su inicio, en noviembre de 2017, para defender a algunos de los mandos policiales imputados en el procedimiento.
La Secretaría Técnica
Pese a su declaración de intenciones, en la última sesión del Consejo Fiscal del 24 de noviembre ya se dejó claro que el material era reservado. Miembros de la carrera fiscal consultados por este diario explican al respecto que es cuestionable el modo de proceder de la Fiscalía General, primero porque se estaría ocultando a los vocales el expediente de un caso que está archivado y, segundo, porque consideran que la supervisión de una investigación de este calibre compete exclusivamente a la fiscal general del Estado.
Al respecto manifiestan sus dudas acerca de que la Secretaría Técnica esté facultada para interceder en una investigación puesto que no es superior jerárquico del fiscal que instruye las pesquisas. Por ello entienden que dicha actuación solo la puede impulsar Delgado en su condición de fiscal general del Estado, o su defecto, su 'número dos', el fiscal teniente del Tribunal Supremo. Otras fuentes, por contra, explican que es habitual actuar de este modo y que las comunicaciones en cuestión se separan del expediente puesto que, de lo contrario, implicaría revelar información interna del Ministerio Público.
Para ello apelan al artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, que confiere a su máximo representante la facultad para impartir órdenes a sus subordinados en el ejercicio de funciones. Este punto precisa que se pondrá en su conocimiento los hechos relativos a su misión que por su importancia o trascendencia deba conocer y que dichas "órdenes, instrucciones y comunicaciones" se realizan a través del superior jerárquico. Es por ello que, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales preguntó específicamente a Delgado por "el título jurídico" que permite a un fiscal jefe hacer sugerencias "a otro fiscal no subordinado".
Con todo, el asunto ya no solo afecta a la Fiscalía General del Estado o a los implicados en el caso Villarejo. Esta misma semana, el Partido Popular registró en el Congreso de los Diputados la solicitud de comparecencia de la ministra de Justicia, Pilar Llop, para que explique cuál es la postura del Ejecutivo en relación a la actuación de la fiscal general. Además, el asunto también está en manos de tribunales. El propio Stampa acudió a la vía contenciosa en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que la Justicia se pronuncie sobre el derecho que le otorga acceder al expediente completo de su causa.
