"Una bomba atómica". Así describen los maquinistas de Renfe el acuerdo entre el PSOE y ERC sobre el traspaso de Rodalies con la constitución de una empresa mercantil con el nombre de Rodalies Catalunya en detrimento de la actual Renfe Viajeros. Una nueva sociedad que tendrá "los recursos materiales y humanos que son utilizados y necesarios para la prestación de los servicios de Rodalies" de Renfe, pero cuyo aterrizaje real supone un quebradero de cabeza para los 2.500 empleados de Renfe en Cataluña que no quieren verse segregados, además de la logística del traspaso de competencia de unas líneas que suponen una extensión de casi 400 kilómetros y la afectación al menos 270 trenes. Además de la apertura de un futuro conflicto que esto supone de cara al desajuste con otras comunidades autónomas en términos de competencias de transportes.
El Gobierno no mantuvo contactos con los sindicatos de la operadora ni tampoco informó de antemano de los avances del pacto con los partidos independentistas. Fuentes de Semaf aseguran que, en previsión a las conversaciones que se estaban avanzando, pidieron una reunión la semana pasada que se "obvió". "Ahora ya sabemos los motivos", aseguran a este medio. Tampoco han mantenido ningún contacto con el Ministerio de Transportes y toda la información relativa al acuerdo la han obtenido por los medios de comunicación.
Con todo, el pacto da vía libre para traspasos futuros de otras líneas además de los tramos del Maresme, Sant Vicenç de Calders a Barcelona y del Papiol a Puigcerdà, que son los que ahora se recogen y que abarcan hasta 80 estaciones. Fuentes del Semaf, el sindicato mayoritario de maquinistas de Renfe, apuntan que van a actuar con la única forma legal que les queda, que es la movilización y el paro, además de establecer una hoja de ruta de urgencia a seguir con la reunión extraordinaria del Comité General el próximo martes.
En ella se van a abarcar los resquicios legales que supone este pacto dadas las "líneas difusas" que presenta y que no son posibles según el marco regulatorio ferrovial. "El traspaso de infraestructuras no se puede hacer igual que tampoco una subrogación", apuntan, "es ilegal".
La misma posición de ilegalidad es la que mantenía la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, el año pasado, apuntando a que un hipotético traspaso integral no era legal por "la transferencia de la infraestructura". "No solo sirve para las Cercanías, sino también para el tráfico internacional, las mercancías, el tráfico y el tránsito entre las diferentes CCAA", aseguraba. Además, desde el sindicato apuntan que este acuerdo boicotea las garantías alcanzadas en el año 2007 y 2021 con los pactos alcanzados entonces que aseguraban un servicio ferroviario que operara de manera conjunta en todo el Estado después de días de huelga.
Ayuda para el déficit tarifario
Otro punto del acuerdo prevé el traspaso del Estado a la Generalitat de los recursos para hacer frente al déficit tarifario, es decir, la parte del coste del servicio que no se sufraga mediante la venta de billetes sino con aportaciones de las administraciones: en 2022 el montante se situó en 335 millones. En virtud del pacto, asimismo, el Estado asumirá la deuda contraída por la Generalitat con Renfe por las mejoras suplementarias que se han requerido en el servicio, lo que resulta en 132,72 millones de euros, incluidos 80 millones por actuaciones entre 2016 y 2019 que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) determinó que la Generalitat debía abonar al operador.
Además, el ministerio asumirá el coste de, "al menos", el refuerzo del servicio entre Lleida y Manresa, unos cuatro millones anuales. También se hará cargo del incremento de cánones ferroviarios de Adif llevado a cabo a mediados de 2017: en 2021 y 2022 la Generalitat abonó 27 millones por año por este concepto.
