La reacción del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, a las consecuencias de la huelga de limpieza viaria y recogida de basura que sufrió Madrid este mes ha sorprendido no sólo entre altos cargos del Ejecutivo sino también entre compañeros de partidos. La celeridad con que el líder del PP anunció el jueves que había dado instrucciones al Ministerio de Empleo para la elaboración de una Ley de Servicios Mínimos no ha sido bien acogida por dirigentes populares, que reconocen, en privado, “cierta precipitación” en esta decisión.
El tono de las exigencias para afrontar la elaboración de una ley de servicios mínimos ha sido más elevado esta vez que en ocasiones anteriores, sobre todo porque han venido de parte de la alcaldesa de la capital, Ana Botella, y la presidenta del PP madrileño, Esperanza Aguirre, y porque el conflicto afectaba considerablemente a la imagen de España en el exterior. Cargos populares consultados por Vozpópuli creen que Rajoy ha recogido el guante de “unas demandas que fueron realizadas en caliente”.
También ha sido comentado que la propuesta haya tenido tal acogida por el presidente, cuando sus impulsoras han sido la esposa de su antecesor, José María Aznar, cuya relación con Rajoy se ha visto tensada en los últimos meses, y la exlideresa de la Comunidad de Madrid, que ha evidenciado con el jefe del Ejecutivo sonadas discrepancias.
Entre las fuentes populares sondeadas, está la percepción de que ahora no es el momento adecuado para redactar una Ley de Huelga porque el grado de conflictividad laboral “aún es elevado y lo seguirá siendo el próximo año”. Así, entienden que “con las protestas sindicales que están por venir no habrá suficiente paz social cómo para alcanzar un reto de tal relevancia”. En este sentido, apuntan que todavía está lejos el encaje definitivo de la reforma laboral, ya que, añaden, el boicot de los sindicatos a la misma traerá consigo más manifestaciones y huelgas, con mayor repercusión en el sector público, a lo largo de 2014.
“Abrir ahora el melón de la Ley de Huelga, arrastrado desde la Transición, cuando hay que centrar los esfuerzos en crear empleo, es un tanto arriesgado”, comenta un alto cargo del Ejecutivo popular
De igual modo, cargos del PP vaticinan que la reforma de las pensiones, que acaba de pasar al Senado en su tramitación parlamentaria, con el rechazo de todos los grupos de la oposición, también tendrá contestación en la calle.
Además, las mismas fuentes no encuentran respuesta a la pregunta de por qué se ha lanzado Rajoy a legislar una materia que no se ha tocado desde hace 36 años. “Abrir ahora el melón de la Ley de Huelga, arrastrado desde la Transición, cuando hay que centrar los esfuerzos en crear empleo, es un tanto arriesgado”, comenta un alto cargo del Ejecutivo popular. “Si acaso, es una cuestión a tratar en una segunda legislatura”, agrega.
La Constitución establece en su artículo 28.2 que “se reconoce el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses. La ley que regule el ejercicio de este derecho establecerá las garantías precisas para asegurar el mantenimiento de los servicios esenciales de la comunidad”. Sin embargo, esta ley orgánica todavía no ha llegado. La normativa vigente se remonta al real decreto-ley preconstitucional, de 1977, de Relaciones de Trabajo, interpretado por el Tribunal Constitucional en 1981.
En 1992, siendo Felipe González presidente del Gobierno, se avanzó un proyecto de ley orgánica de Huelga, pero la disolución anticipada de las Cortes en 1993 dio al traste con este intento. El texto provocó divisiones en el PSOE y en el propio Gobierno, donde el entonces ministro de Interior, José Luis Corcuera, mostró su rechazo al articulado.
Durante la huelga salvaje de Metro acaecida en 2010 en Madrid, Esperanza Aguirre también lideró las voces que reclamaban al Ejecutivo una regulación específica de los servicios mínimos. Sin embargo, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero permaneció impasible.
Previsiones contrarias
Tras el anuncio realizado por Rajoy, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ya ha telefoneado a los líderes de de CC OO y UGT, Ignacio Fernández Toxo y Cándido Méndez, respectivamente, y al presidente de la CEOE, Juan Rosell, para trasladarles la intención del Gobierno de empezar a perfilar la ley. Sin embargo, será difícil que la negociación avance mientras la calma no se instale en las calles. Y es que las propias previsiones del Ejecutivo van en la línea contraria, mostrando una tendencia alcista en el número de huelgas.
El Ministerio de Empleo, encargado de autorizar las huelgas cuya ejecución excede el ámbito autonómico, contempla en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2014 la tramitación de 90 huelgas de ámbito nacional, un 12,5% más que las 80 incluidas en las cuentas de 2013.
En cuanto a los paros en todo el territorio, también se computan aquí los de ámbito autonómico, entre enero y agosto de 2013 --últimos datos disponibles-- se desarrollaron 682, con 243.685 trabajadores implicados. Estas cifras superan a las del mismo periodo de 2012, cuando se produjeron 496 huelgas, con 157.373 participantes.
