El exconsejero de Presidencia de la Comunidad de Madrid Francisco Granados hacía gala de un “afán de enriquecimiento”. Así lo cree el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón en el auto en el que imputa a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre como ideóloga de la financiación irregular del PP.
Según recoge el escrito, Granados, uno de los hombres de confianza de la exdirigente, recaudó fondos de forma ilícita para pagar “fastuosas” campañas electorales con la que la expresidenta fortalecía su figura política. No obstante, por el camino se quedó una parte del dinero, concretamente cerca de medio medio millón de euros.
El auto explica que Aguirre delegó esta labor en sus personas de confianza: el exvicepresidente Ignacio González, Francisco Granados y el exgerente del partido Beltrán Gutiérrez, principalmente. Una de las vías de recaudación era recolectar dinero en efectivo de las grandes empresas a las que la Comunidad de Madrid adjudicaba contratos públicos. Esas partidas iban a parar a la caja b que gestionaba presuntamente Beltrán Gutiérrez, quien finalmente se las entregaba a empresas de publicidad para las campañas.
El juez describe cómo Granados “no hizo llegar todo el dinero recaudado de empresarios contratistas al investigado Beltrán Gutiérrez, para su depósito en la ‘caja b’ del partido, ya que concertó con los investigados Ignacio Palacios (exjefe de gabinete de Granados) y Javier López Madrid (OHL), desviar parte de dicho efectivo en pro de todos ellos, haciendo llegar a las arcas del PP de Madrid una cantidad menor.
López Madrid "ejecutaba entregas de dinero"
García-Castellón explica que Javier López Madrid era la persona que “ejecutaba entregas de dinero en representación de la mercantil OHL, administrada por el investigado Juan Miguel Villar Mir”. Esta era una de las empresas que participaba en la operativa ilegal de financiación. El magistrado recuerda que al intervenir en este proceso contravino la prohibición de aportar a las cuentas electorales de los partidos fondos procedentes de la Administración (artículo 128 de la Ley Orgánica Electoral General).
OHL aparece citada en varias ocasiones a lo largo del auto como una de las empresas contratistas de la Comunidad de Madrid que aportaba dinero al partido. En concreto, detalla que la empresa constructora hizo cinco aportaciones de entre 300.000 euros y 410.000 euros en los meses previos a las elecciones del año 2011.
La suma global llegó a 1.910.000 euros, pero “el investigado Francisco Granados solo hizo llegar al gerente del PP de Madrid la cantidad de 1.460.000 euros, repartiendo la diferencia (450.000 euros) entre los investigados Javier López Madrid, Ignacio Palacios y él mismo. Los investigadores se basan en la documentación de la agenda encontrada en casa de Francisco Granados con anotaciones de las entradas y salidas de dinero.
