El que fuera Duque de Palma, Iñaki Urdangarin, está temeroso de que se vaya a frustar la operación de compra venta de los dos pisos que tiene junto al paseo marítimo de Palma de Mallorca. Desde que el encausado pidió permiso al juez José Castro para poder venderlos el pasado 22 de octubre hasta ahora han pasado más de tres meses y, de momento, el marido de la infanta Cristina no ha obtenido respuesta judicial.
Por esta razón, su defensa ha enviado un escrito, al que ha tenido acceso Vozpópuli, al titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma de Mallorca, –ya que Castro continúa instruyendo la pieza de responsabilidad civil del caso Nóos- donde explica que el instructor dictó una providencia el pasado 27 de noviembre donde daba traslado a la Fiscalía Anticorrupción y demás partes acusadoras del procedimiento del informe de tasación aportado por el abogado, Mario Pascual Vives y que, desde entonces, no han vuelto a tener noticias de este asunto.
"Salvo error u omisión de trámite o notificación personal" la defensa del cuñado del Rey insiste en que no ha obtenido repuesta por parte del instructor para poder venderlos a terceros. Además, el letrado de Urdangarin añade que en esa resolución Castro dio un plazo de tres días a las partes para que se pronunciaran sobre la posible venta de los citados inmuebles y que "transcurrido ampliamente dicho plazo de tres días esta defensa no ha recibido posterior notificación judicial".
Peligro de perder a los compradores
Por esta razón, Pascual Vives reclama al instructor de Palma de Mallorca "la ausencia de trámite procesal posterior a dicha providencia habida cuenta del peligro de que los en su día compradores, ante la ausencia de noticias, pudieran haber abandonado su interés por las fincas, que han sido objeto de tasación".
En concreto, se trata de dos pisos en la capital balear, con las correspondientes plazas de garaje y trasteros, que son propiedad de la sociedad pantalla Aizoon, que el ex jugador de balonmano comparte al 50% con su esposa Cristina de Borbón. Al tener embargado por orden del juez todo el patrimonio de esta mercantil, Urdangarin tuvo que pedir permiso al magistrado para poder enajernarlos.
En la solicitud presentada el pasado mes de octubre por su abogado en el Juzgado de Instrucción Número 3 de Palma de Mallorca se explicaba que de los 250.000 euros que cobraría su cliente si se autoriza la operación de compraventa habría que detraer 14.500 euros para el intermediario de la misma y 200.550 eruos para saldar las hipotecas que pesan sobre dicha viviendas.
A esto habría que añadir el pago del impuesto municipal sobre la plusvalía, por un total de 6.048 euros, y el abono de las últimas cuotas mensuales de las hipotecas, próximas ambas a los 1.000 euros. De esta forma, la cifra neta y final de la operación sería de sería de 26.963,35 euros que el ex Duque de Palma está obligado a ingresar en la cuenta del juzgado de Castro para cubrir la fianza de 13,6 millones de euros que pesa sobre él.
