Los grandes escándalos de corrupción han comenzado a encontrar grandes obstáculos. El entramado institucional sobre el que descansaban sus investigaciones está siendo desarmado caso a caso. El último cese ha sido el del mando policial responsable de la unidad que investiga los casos de corrupción, entre ellos la trama Gürtel de presunta financiación irregular del Partido Popular. Pero los ceses, relevos e injerencias para frenar las investigaciones afectan también a casos sumarios como el de la Infanta, el de los papeles de Bárcenas o el de Interligare, que investiga una red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior.
Así se están dilatando, frenando y, en ocasiones, obstruyendo las investigaciones abiertas desde los diferentes poderes públicos en cada caso:
TRAMA GÜRTEL
El desmontaje de la trama de investigación ha sido especialmente flagrante en este caso. El último episodio se ha vivido esta semana con el relevo del comisario general de Policía Judicial, José García Losada, de quien dependía la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). El comisario ha sido destinado a un puesto burocrático: ha pasado a estar al frente de la Jefatura de la División Económica y Técnica. Su antecesor al frente de los equipos que luchan contra la corrupción, el también comisario José Enrique Rodríguez Ulla, también fue cesado de forma fulminante tras iniciar sin previo aviso una investigación sobre el ático de lujo en Marbella (Málaga) que tenía alquilado el entonces vicepresidente y hoy máximo mandatario de la Comunidad de Madrid, Ignacio González
El frente policial es el último en que se producen relevos en el 'caso Gürtel, pero no es el único. De hecho, los cambios más llamativos han tenido lugar en el Ministerio de Hacienda y en la ONIF (Oficina Nacional de Investigación del Fraude), donde el Ejecutivo ha destituido al responsable de la investigación de la red de corrupción liderada por Francisco Correa y a los otros cinco jefes de equipo, todos ellos inspectores de Hacienda. Desde que el ministro Cristóbal Montoro llegó al Gobierno ha relevado ya a 310 responsables en la Agencia Tributaria en apenas 18 meses.
CASO DE LOS "PAPELES DE BÁRCENAS"
La denuncia de presunta financiación ilegal del PP y de los supuestos pagos irregulares a la cúpula de Génova ha sido recibida con sorprendente pasividad por parte de las instituciones que dependen del Ejecutivo.
La Fiscalía ha dilatado desde el 30 de julio su pronunciamiento sobre algunas diligencias que todavía a día de hoy siguen pendientes. En la Audiencia Nacional, el ministerio fiscal no ha pedido ni una sola prueba testifical a lo largo de todo el procedimiento y se ha opuesto a la mayor parte de las peticiones de declaración que han formulado las acusaciones particulares. Su actitud ha sido tan llamativa que levantó cierto escándalo al guardar silencio el día en que los constructores acusados de hacer donaciones ilegales al PP prestaron declaración. No planteó ni una sola pregunta. Cuando al día siguiente los medios de comunicación recogieron la insólita posición fiscal, anticorrupción sí planteó cuestiones.
Ni el Ministerio de Hacienda ni la Inspección de Trabajo han abierto tampoco investigación alguna sobre el despido simulado del ex tesorero popular, Luis Bárcenas, y el pago “diferido” de sus salarios pese a que la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, reconoció ambas cuestiones el pasado mes de febrero. Ambos conceptos podrían constituir un fraude a la Seguridad Social y a la Hacienda Pública que podría reportar hasta 50.000 euros de multa a los responsables de Génova 13.
CASO URDANGARÍN
La investigación de Hacienda en el caso Urdangarín correspondía a las unidades de Barcelona pero los informes han sido revisados en Madrid. Según denunció la propia Audiencia Provincial de Palma, el informe redactado por los inspectores de la ciudad condal fue reescrito en Madrid. El original, el conocido como informe tributario, fue elaborado por la Delegación de Cataluña el 14 de enero de 2013, si bien, sufrió modificaciones que –según la Audiencia de Palma— suscitan “zonas oscuras” y que tiendne a exculpar a la Infanta. De hecho, el informe sostiene que “esas cuotas defraudadas pueden considerarse como mínimas (…) aunque no han sido siquiera calculadas”. Hacienda se ha negado a informar al Parlamento de si efectivamente se modificó ese informe.
Además, cuando el juez Castro pidió que adscribiera a la investigación de modo permanente a un integrante concreto de Vigilancia Aduanera, conocido con el nombre clave Numa-3173, para que fuera él quien interpretase y supervisase los informes fiscales sobre Aizoon SL, la empresa de la hija del Rey y Urdangarín. la Agencia Tributaria se negó. De nada sirvió que el magistrado destacase "a eficaz labor que ha venido llevando a cabo en la presente causa", Hacienda rechazó la petición. El argumento que esgrimió: que no tenía la cualificación necesaria.
También la Anticorrupción ha recibido instrucciones desde Madrid. El fiscal Pedro Horrach mantuvo un criterio concurrente con el juez hasta que el magistrado inició los trámites para imputar a la hija del Rey. Tras mantener contactos con la Fiscalía General del Estado, Horrach se enfrentó al criterio del juez y rechazó la imputación. La oposición del Ministerio Público a los nuevos trámites y su desvinculación de las nuevas diligencias es tal, que Horrach ha comunicado al tribunal que estará de vacaciones durante todo el mes de octubre y que se reincorporará a la causa el 1 de noviembre.
CASO "INTERLIGARE"
El 'caso Interligare', que investiga la supuesta existencia de un red corrupta para amañar contratos públicos con conexiones en el Ministerio del Interior en la época de Alfredo Pérez Rubalcaba y su sucesor, Antonio Camacho, sigue atascado casi dos años después de que se iniciaran las pesquisas. El motivo: el rifirrafe que protagonizan policías y jueces para decidir qué unidad del Cuerpo Nacional de Policía se hace cargo de ellas. Lo agentes que iniciaron las pesquisas, el comisario Jaime Barrado y dos inspectores de la Brigada de Delincuencia Económica, fueron apartados del caso por Interior después de que el primero fuera acusado de un delito de amenazas tras un oscuro incidente con un estrecho colaborador de Ignacio Cosidó, director general de la Policía. A partir de ese momento, se hizo cargo de las pesquisas la Unidad de Asuntos Interior, encargada de perseguir los delitos cometidos por agentes del propio cuerpo.
Sin embargo, el comisario Barrado recurrió a la Justicia y el pasado 19 de marzo la Audiencia Provincial de Madrid dictó un auto en el que se acordaba que éste (que había sido trasladado de grupo y ahora está al frente de una comisaría de distrito de Madrid) y sus dos compañeros fueran puestos de nuevo a cargo de las pesquisas. Sin embargo, dicho retorno no ha llegado a producrise. El propio jefe policial defenestrado envió al tribunal que había fallado a su favor un escrito en el que le comunicaba que había intentado ponerse en contacto en dos ocasiones con la fiscal del caso para comunicarle su disposición a retomar las pesquisas, pero que ésta se había negado "a ningún contacto ni entrevista con el comisario Javier Barrado, puesto que no es el encargado del mecionado del caso". Interior tampoco ha hecho nada para reponerle en el puesto.
