La reforma educativa propuesta por el Gobierno de Pedro Sánchez mediante de la llamada 'ley Celaá' continúa su trámite parlamentario a toda pastilla y rodeada de polémica.
Entre las muchas enmiendas a la LOMLOE que ya han salido adelante -la mayoría de ellas promovidas por los partidos de la coalición y sus socios de investidura- hay una de ellas que ha despertado un profundo malestar entre los inspectores educativos.
Se trata de la propuesta que permitirá ser inspector educativo sin tener que realizar un examen de oposición y, al igual que la que pretende que el castellano deje de ser considerado lengua oficial del Estado y vehicular en la educación, lleva el sello de PSOE, Podemos y ERC.
A través de esta enmienda, el Gobierno abre la puerta a la Generalitat de Cataluña y al resto de Ejecutivos autonómicos a nombrar a los inspectores educativos que se encargarán, entre otras funciones, de vigilar que los proyectos lingüísticos de los colegios cumplen con la ley. Sin que pasen por examen en la fase de oposición a este cuerpo de funcionarios.
"La medida es un coladero de enchufes a la carta", denuncian desde la Unión Sindical de Inspectores de Educación. "El acceso a la función pública docente, entre ellos la inspección educativa, debe efectuarse mediante un sistema de pruebas objetivas que se desarrollen con transparencia y publicidad, las valoraciones subjetivas como propone el texto de la enmienda favorece el amiguismo y el nepotismo, lacras que deben desterrarse de la función púbica", defienden.
Acceso sin examen
Los inspectores advierten de que las pruebas escritas y orales con criterios de evaluación y calificación públicos y previos son garantía de transparencia y objetividad. "El actual modelo de oposiciones debe mejorarse y dar más importancia a la parte práctica de nuestra profesión, pero la enmienda no lo hace en ese sentido, sino que posibilita procesos de acceso basados en la subjetividad y por tanto en la arbitrariedad", reprochan.
El presidente de USIE, Jesús Marrodán, asegura que el modelo que propone la enmienda es una vuelta a tiempos ya pasados que una sociedad democrática debe rechazar garantizando para ello el acceso transparente a la función pública con los criterios de mérito, capacidad e igualdad de oportunidades.
La profesión considera que esta propuesta evidencia el intento de impedir la existencia de un cuerpo docente profesional y técnico, autónomo y con independencia de criterio. "Los inspectores de educación queremos ser, seguir siendo, garantes de los derechos educativos de toda la comunidad educativa, de la sociedad, supervisando el cumplimiento de las leyes, no queremos la subordinación a interés políticos que van trascienden lo educativo", reivindica Marrodán.
"Órganos de control politizados"
En USIE cargan duramente contra la 'ley Celaá'. "Por primera vez en nuestra democracia se ha tramitado sin comparecencias de los agentes sociales y profesionales educativos, sin asistencia de los medios de comunicación, con oscurantismo y precipitación", alertan.
Fuentes del sector explican que la labor de los inspectores educativos es triple: "Debemos controlar el cumplimiento en los centros de las leyes y normas educativas. Evaluar la práctica docente y la función directiva y, por último, asesorar a los diferentes sectores de la comunidad educativa sobre sus derechos y obligaciones".
Al ejercer ese control, la inspección se convierte en garante del derecho a la educación, tal y como mandata el artículo 27.8 de la Constitución. "Es en el desarrollo de esas funciones donde se puede y debe requerir a los directores de los centros que se adecue el la enseñanza del castellano a lo prescrito en las normas. Con esa independencia se actúa. Si ahora los inspectores son nombrados a dedo por intereses políticos, los órganos de control quedan totalmente politizados, pierden su sentido y los ciudadanos caen en indefensión estructural", advierten.
