Duro golpe al intrusismo laboral en la medicina estética. El juzgado de lo penal número 11 de Barcelona ha condenado a 16 meses de prisión a dos mujeres por intrusismo, delitos contra la salud pública y lesiones. Ellas, según la sentencia, realizaban inyecciones de productos estéticos "de dudosa procedencia" en un local de Barcelona e incluso acudían a casa de las pacientes a hacerlo. La Sociedad Española de Medicina Estética (SEME) se ha personado como acusación popular en este caso que llevaba 10 años pendiente de sentencia.
Los hechos ocurrieron entre el año 2000 y el 2012, pero ha sido ahora cuando el juez ha dictado sentencia. Petra Vega, tesorera de la SEME, considera la sentencia, en conversación con Vozpópuli, como "un gran precedente". "No teníamos un caso tan ejemplarizante, es una gran victoria aunque ha costado diez años de esperar y desesperar". Señala que ejercían con total impunidad y se jactaban con las pacientes: "Mientras ellos [los médicos] estudian, yo pincho".
Según señala, era un caso "claro, con dos años de investigación de los Mossos d'Esquadra". Estos, tal y como indica la sentencia, encontraron en el local donde ejercían estas actividades y en el vehículo de las acusadas varias cajas con DYSPORT (toxina botulímica tipo A), viales y silicona líquida. Además, ellas eran las que aplicaban estos tratamientos, "de forma continuada y habitual con un absoluto desconocimiento de las técnicas médicas y sin tener titulación para ello", según señala la SEME, que detalla a este diario que empleaban medicamentos "no autorizados por la Agencia Española del Medicamento (AEMPS)" para este tipo de tratamientos.
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Tal y como relata la sentencia, “las acusadas […] venían dedicándose, de mutuo acuerdo, cuanto menos desde el año 2000 hasta el 2 de julio de 2012 a realizar intervenciones de estética, careciendo del conocimiento de las técnicas necesarias y las titulaciones oportunas para efectuar las mismas y utilizando para ello medicamentos sin disponer de los permisos necesarios para su utilización de los que además se derivaban riesgos para la salud".
Debido a esto, la dueña de la clínica y administradora de la empresa ha sido sentenciada por un delito de intrusismo, un delito de salud pública y por dos delitos de lesiones a un total de 16 meses de prisión que solo serán suspendidas si el reo no delinque durante dos años y abona la responsabilidad civil de la condena. Así mismo se le condena a una inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión u oficio y, en concreto, a no realizar ningún tratamiento médico ni infiltraciones con ningún tipo de medicamento ni producto sanitario. Su administrativa también ha sido condenada, en calidad de cómplice, por un delito de intrusismo y dos de lesiones por imprudencia grave a un total de seis meses de prisión.
Desde la SEME lamentan que el fallo haya llegado tan tarde, ya que tras su detención, abonaron la fianza y "siguieron haciendo las mismas prácticas". También afirman que este caso era especialmente flagrante, ya que "no solo practicaban el intrusismo laboral, sino que además lo hacían anunciándose".
Contratar a un buen profesional para garantizar la seguridad
Desde la SEME diferencian entre los casos de intrusismo, en los que personas sin capacitación ejercen la medicina, con la mala praxis, hecha por médicos que han tenido desenlaces no previstos. Para paliar ambos casos, Petra Vega considera que es necesario hacer estos tratamientos "con un buen profesional que garantice la seguridad".
Esto, según ellos, tiene poco que ver con casos de mala praxis como el que presuntamente se ha realizado sobre Silvia Idalia, que sigue en coma tras someterse a una triple intervención. Explican que no es lo mismo que un médico haya podido cometer una negligencia a que una persona sin nociones de medicina se dedique a hacer retoques estéticos.
Para detectar casos de intrusismo, la SEME cuenta con un buzón para quejas exclusivo para médicos en el que se recogen toda clase de denuncias. Este está manejado por una gestoría jurídica que se encarga de hablar con las autoridades competentes: en el caso de medicamentos online sin autorización, el aviso va a la AEMPS, mientras que en casos de personas no tituladas, se pasa a las comunidades autónomas para que tomen cartas en el asunto, ya sea enviando agentes o supervisores.
SEME también considera intrusos a aquellas personas que habiendo realizado un máster para realizar tratamientos, lo hagan sin la carrera de medicina. La ley permite que una persona sin titulación se apunte a estos másteres por un artículo constitucional que permite que cualquier español pueda satisfacer sus intereses académicos. Es por este motivo por el que un filólogo puede estudiar un postgrado en ingeniería, pero no le permite ejercer la profesión. Por ello, desde la SEME solo consideran válidos aquellos cursos que van dedicados en exclusiva para los médicos.
De hecho, ahora hay muchos médicos de otras disciplinas que se están apuntando a másteres de medicina estética, que les permite realizar modificaciones básicas como utilizar inyecciones de bótox o ácido hialurónico. Según la legislación vigente, un odontólogo puede utilizar esta última sustancia en sus pacientes, siempre que este se realice en el tercio inferior de la cara, aunque esto último está en debate institucional, ya que a priori solo pueden realizar retoques funcionales, no estéticos. Es decir, que ante el aumento de la demanda, son cada vez más los profesionales que dedican parte de su tiempo a esta disciplina.
De hecho, según denuncian los propios cirujanos plásticos, hay médicos que ni necesitan realizar un máster: aquellos que obtuvieron la licenciatura antes de 1996 poseen el título de medicina y cirugía, de forma que es legal que realicen operaciones estéticas, aunque esto es algo que no es común. Cifran en 9.000 médicos los que están en esta situación, según la cual cualquier cirujano puede operar, sea cual sea su disciplina.
