El Tribunal de Justicia de la Unión Europa (TJUE) ha asestado el primero de una serie de golpes que ha recibido este jueves España y su sistema de Justicia. Pasadas las 9.30 horas, se ha dado a conocer la decisión de los magistrados en Luxemburgo de declarar la inmunidad de Oriol Junqueras como eurodiputado.
La sentencia ha representado una bofetada doble -al poderse aplicar también a los procesados rebeldes Carles Puigdemont y Antoni Comin- que ha sido rematada por el juez instructor del procés al reconocer que el fallo europeo tendrá incidencia en la situación de ambos líderes independentistas.
Los fiscales del Tribunal Supremo han salido poco después a defender la decisión de los jueces españoles de mantener a Junqueras en prisión provisional mientras se celebraba el juicio del procés. El ministerio público ha reclamado al tribunal encabezado por el presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, que ejecutara la pena de inhabilitación del líder de ERC, al mismo tiempo que han aclarado que su inmunidad no implica su excarcelación pues sobre él ya pesa una condena firme.
La inhabilitación de Torra
El contraataque a los golpes recibidos lo ha protagonizado horas después el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que este jueves ha condenado al presidente de la Generalitat, Quim Torra, a un año y medio de inhabilitación por un delito de desobediencia.
El líder catalán ha logrado, por ahora, esquivar el golpe. Su defensa recurrirá el fallo ante el Tribunal Supremo, lo que le permitirá permanecer en el cargo hasta que la sentencia sea firme. En su comparecencia, el presidente de la Generalitat ha aprovechado la decisión de la Justicia europea sobre Junqueras para atacar a España: "Mientras Europa es un ejemplo de justicia, España continua en el camino de la represión".
El president ha enfatizado que es necesario que el Estado "reconozca sus errores y las vulneraciones de derechos que ha cometido todo este tiempo". En este contexto, ha pedido al Estado que "revierta urgentemente la situación actual a favor de una solución democrática", que pase por "el ejercicio del derecho a la autodeterminación".
La fianza de los CDR
El último round judicial de este jueves ha estado en manos de la Fiscalía de la Audiencia Nacional que al final de la mañana ha accedido a que tres de los miembros del ala radical de los Comités de Defensa de la República (CDR) detenidos el pasado septiembre queden en libertad provisional bajo fianza de 9.000 euros. La decisión, que había sido adelantada hace una semana, supone un giro radical con lo reclamado hasta el momento.
El Ministerio Fiscal ha pedido mantener en prisión a cuatro de los siete CDR encarcelados el pasado 26 de septiembre, si bien aprueba que si la Sala de lo Penal se decanta por la puesta en libertad de tres de ellos que no tuvieron contacto con explosivos se haga bajo una fianza de 9.000 euros.
La acusación popular, que ejerce la Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (Acvot), se ha manifestado en contra de la decisión del Fiscal y ha calificado de "irrisorias" las fianzas propuestas por la Fiscalía, según informa Efe. Desde la asociación consideran que esas cantidades pueden obtenerse sin dificultad de las denominadas cajas de resistencia de asociaciones independentistas y han recordado que ese fue el caso de la expresidenta del Parlament catalán Carme Forcadell, que en pocas horas pagó una fianza de 150.000 euros que le impuso el juez del Supremo Pablo Llarena para poder salir de prisión, con fondos de la "caja de resistencia" de la Asamblea Nacional Catalana (ANC).
Así, en una mañana han coincidido el fallo europeo sobre la prisión provisional del exvicepresidente catalán, sus posibles efectos sobre Puigdemont, la probable excarcelación de varios integrantes del grupo independentista que fue acusado de terrorismo y la inhabilitación -contra la que cabe recurso- de Torra. El Tribunal Supremo y la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tendrán que responder.
