El juez ha procesado a 35 personas, entre ellos tres ex altos cargos de la Junta de Andalucía, y dos entidades -Permar 21 S.L. y Cureña S.L.- en la pieza separada por las presuntas sobrecomisiones de 66 millones que se pagaron en las pólizas de prejubilaciones del 'caso ERE' financiadas por la Junta.
En el auto, notificado este martes a las partes, el juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, José Ignacio Vilaplana, considera que estos hechos podrían ser constitutivos de delitos de blanqueo de capitales, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad documental y asociación ilícita. El magistrado ha dado traslado de la causa a la Fiscalía Anticorrupción y a las acusaciones personadas para que, en el plazo común de 30 días, soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias indispensables para formular la acusación.
Entre las 35 personas contra las que el juez dirige el auto como presuntas responsables penales se encuentran tres ex altos cargos de la Junta, en concreto el exconsejero de Empleo Antonio Fernández y los ex directores generales de Trabajo y Seguridad Social Juan Márquez y Daniel Alberto Rivera, y contra dos entidades -Permar 21 S.L. y Cureña S.L-. En el auto, además, acuerda continuar dicho procedimiento en calidad de responsables civiles subsidiarios contra un grupo de entidades, entre las que se encuentran UGT, UGT-A, la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT-FICA), CCOO, CCOO-A y CCOO de Industria.
El magistrado considera que el exconsejero de Empleo y Javier Guerrero -ya fallecido- y Juan Márquez, junto a varios responsables del grupo Vitalia y otros investigados, “de común acuerdo y con ánimo de lucro, aprovechando la ausencia de control alguno de los fondos públicos destinados a las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta, habrían diseñado y ejecutado un sistema que habría permitido crear un fondo de caudales públicos constituido por el exceso indebido de las comisiones de las pólizas asociadas a estas ayudas, abonado por la Junta -con cargo a varios programas presupuestarios de la Consejería de Empleo y a otros de la Consejería de Innovación".
En este punto, el instructor indica que “este fondo de sobrecomisiones, una vez abonadas habría sido posteriormente distribuido a través fundamentalmente de sociedades instrumentales, en muchos casos mediante la simulación de operaciones comerciales ficticias, para integrarse finalmente en el patrimonio de dichos “mediadores” y comisionistas (“conseguidores”)".
Explica el auto que todo ello “bajo una apariencia de legalidad y al amparo de instrumentos jurídicos a través de los cuales se habría de proceder a la instrumentalización ilícita de ayudas y subvenciones públicas, con el fin de hacer suyos y desviar de su destino natural parte sustancial de tales fondos del Patrimonio Público Autonómico”.
Entidades mediadoras
“Sin justificación que acredite la necesidad de su participación, sin fijación de criterio alguno de selección de las mismas y sin la utilización de procedimientos de concurrencia competitiva -o de cualquier otro- en su contratación, diversas entidades mediadoras habrían intervenido, al margen de cualquier mínima forma de legalidad, en la negociación y formalización de las pólizas de seguros asociadas” a las ayudas sociolaborales, señala el juez.
Las mediadoras “implicadas en la mecánica ilícita objeto de las actuaciones estarían integradas principalmente” en el Grupo Uniter, con sobrecomisiones de 29,8 millones, y en el grupo Vitalia, de 36,2 millones.
